La Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro, Asivalco, ha subrayado como de máxima prioridad la construcción de un segundo túnel que onecte ambas fases del polígono industrial de Paterna. La histórica reivinidcación se la transmitieron una treintena de empresarios a la primer teniente alcalde Nuria Campos, en el transcurso de la Asamblea General 2020.

Durante su intervención, el presidente de la entidad, Santiago Salvador, quiso poner sobre la mesa el compromiso municipal de dotar a Fuente del Jarro de un segundo túnel que enlace las fases 1 y 2. El presidente recordó que «tenemos la firme voluntad de que se cumpla el contrato firmado en 2001 por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Ayuntamiento de Paterna y Asivalco, para que se pueda construir ese túnel, porque los contratos están para cumplirlos y todas las partes deben hacer lo que les corresponda». Finalmente, Salvador transmitió a los asociados los trámites que se están dando para la conversión de Asivalco en una Entidad de Gestión y Modernización, adaptándose así a la Ley de Áreas Industriales de la Generalitat Valenciana. Para Salvador, «es un paso que debemos dar para tener más oportunidades de seguir modernizando Fuente del Jarro con más posibilidades de colaboración desde las administraciones públicas».

Presupuestos de estabilidad

Durante el conclave, la Asamblea general aprobó unos presupuestos que «mantienen la estabilidad de los últimos años, reduciendo costes administrativos en lo posible y dirigiendo el grueso del gasto al Servicio de Vigilancia Privada y al personal que atiende las necesidades de los asociados», explicó el tesorero de la entidad, Manuel Peris. También se aprobaron por unanimidad las cuentas del ejercicio anterior, marcadas por un riguroso cumplimiento de los ingresos y los gastos, incluyendo una reducción de las cuotas en los últimos dos meses del año 2019. Para el presente ejercicio se mantienen congeladas, y se está a la espera de la evolución presupuestaria para tomar la decisión definitiva sobre las cuotas de los meses de marzo y abril, que quedaron pendientes de cobro por decisión de la Junta Directiva con el fin de aliviar la situación de las empresas durante la declaración del Estado de Alarma.