El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Moncada ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento de la denuncia que interpuso el Partido Popular contra la alcaldesa Amparo Orts por un delito de prevaricación administrativa, por la celebración del macroevento de las paellas universitarias en una parcela privada en abril de 2018. En su escrito, el juez considera que no se ha acreditado la concurrencia de los delitos de los que se acusaba a Orts y al edil de Fiestas, Martín Pérez. El auto no es firme y cabe recurso.
Año y medio después de que Amparo Orts y Martín Pérez acudieran al Palacio de Justicia de Moncada a declarar como investigados, y 50 meses después de que 24.000 jóvenes bebieran y bailaran con la música en directo de Arkano o Danny Romero, el juez ha archivado de manera provisional la demanda que el PP llevó hasta la fiscalía en la que acusaba a ambos dirigentes socialistas de prevaricación administrativa, por celebrarse el evento sin contar con las autorizaciones pertinentes.
Principalmente, el PP centró su la acusación en que las paellas universitarias se celebraron en la vía pública y, por tanto, se requería de autorización municipal, tanto para las obras de acondicionamiento de la parcela donde se celebraron, como para la venta de bebidas alcohólicas por parte de la organizadora. Y según los populares, no se expidió permiso municipal alguno.
El juez, en un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, analiza cada una de las acusaciones del PP y las va desmontando una a una. Así, considera que «no existe constancia de que el evento se desarrollara en la vía pública» sino en «espacios privados alquilados por los promotores a varios particulares». Partiendo de esta base, el magistrado señala, respecto a que se requería licencia de obras, que en la documentación aportada se detalla que «no se realizaron movimientos de tierras, más allá de actuaciones de desbroces» y que en los propios contratos de arrendamiento se especificaba que «no se iban a efectuar obras en los terrenos».
Informe del secretario
Además, el juez da por bueno el informe del secretario municipal, quien asegura que en el departamento de Urbanismo no se tenía constancia de movimientos de tierras, sino que corrobora que se trata de «actuaciones de acondicionamiento, limpieza y desbroces, y no operaciones de entidad que las hicieran susceptibles de la preceptiva licencia de obras». En este sentido, añade que las apreciaciones del secretario coinciden con las fotografías «aportadas con la denuncia, en la que encontramos un solar casi diáfano, sin obstáculos ni separaciones».
En todo caso, el juez también indica que resulta «abiertamente dudoso jurídicamente que dichas actuaciones -la explanación del terreno y una leve ejecución sobre un muro de mampostería-, si se hubieran producido, tuvieran que haber generado la prohibición del evento por las autoridades municipales por la falta de licencia de obras. Se trataría de actuaciones de una entidad mínima. Por tanto, no estaríamos ante una vulneración clamorosa del ordenamiento jurídico que pueda implicar un delito de prevaricación».
Cautela con los testigos
Dentro de la cuestión de la licencia de obras, el magistrado hace una acotación y señala que las declaraciones de los testigos Manuel García y Vicente Conejero -ambos aseguraron que hubo en la zona movimientos de tierras- «deben valorarse con cautela, al estar implicados en el conflicto político que generó el evento». Cabe recordar, que la celebración de las paellas acabó por romper el gobierno de Moncada formado por PSOE, Guanyem Moncada y Acord Ciutadà. Si bien es cierto que el tripartito solo contaba con siete de los 21 ediles del pleno, Manuel García (Guanyem) y Vicente Conejero (Acord) renunciaron días después del macroevento a las competencias que tenían, por la «falta de transparencia» e «incumplimientos del pacto», denunciaron entonces.
En cuanto a que la falta del permiso municipal para la venta de bebidas alcohólicas durante las paellas, el magistrado de Moncada concluye que el evento se desarrolló mediante la presentación de una declaración responsable, bajo una ley autonómica. Por lo tanto, «no requería de autorización municipal en el caso de que se aportara el certificado del Organismo de Certificación Administrativa, como así sucedió». Por ello, al realizarse la fiesta universitaria en espacios privados, «no se requería de licencia municipal expresa para la venta de alcohol». Por contra, «sí hubiera sido preceptiva si la venta se hubiera realizado en la vía pública, pero no consta el menor indicio de que esto hubiera ocurrido».
Con todos esos argumentos, el juez ha decidido archivar la causa de manera provisional.
A la Punta y multa de València
Que las paellas universitarias acabaran en los juzgados y con la alcaldesa investigada, al igual que el edil de Fiestas, provocó que el pasado año, la empresa organizadora buscara ubicaciones alternativas, celebrándose finalmente en la Punta, València, y dejando un expediente de sanción a la promotora por parte del consistorio.
