El recurso de Inmobiliaria Guadalmedina intentó tumbar el PAT de l'Horta por varios frentes. Entre las alegaciones contra el plan de acción territorial se alegaba «falta de comunicación a los interesados en la segunda información pública; falta de respuesta a las alegaciones presentadas, falta de informe económico sobre las indemnizaciones derivadas y omisión de informes relativos al género, familia e infancia». Además de presuntas deficiencias sustantivas como «la falta de motivación de la huerta y sus niveles de protección; la violación de competencias municipales, la falta de un análisis territorial incompleto y ausencia de los requisitos de la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana sobre el crecimiento residencial y actividades económicas».

Ninguna de estas demandas prospera. El PAT de l'Horta ha tenido un periodo de elaboración y maduración tan extenso que, en este caso, la tramitación fue árdua y lenta, pero segura, como admite el TSJCV.

El plan de acción territorial, iniciado en 2009 bajo la Conselleria de Urbanismo dirigida por Juan Cotino y aprobado en 2018 con Maria José Salvador en la Conselleria de Vertebración del Territorio, ha tenido «una extensa participación pública» ya que se «han llegado a materializar hasta cuatro informaciones públicas en periodos distintos» en los que recibió 2.000 alegaciones que recibieron «contestaciones genéricas».

El TSJCV también avala que la Generalitat ordene el territorio por encima de los planes generales municipales porque «desde un punto de vista normativo le está permitido a la administración, a través de estos planes, incidir en competencias urbanísticas locales». Y, concluyen los magistrados: «pese a las insinuaciones de la actora [la recurrente], el plan que se examina es coherente con el fenómeno urbano y lo integran convenientemente en el marco que pretende proteger».