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La ocupación de viviendas en Torrent ha crecido durante lo que va del ejercicio 2020 en comparación con las cifras registradas en años anteriores. Como también se ha producido en otras ciudades, a raíz del confinamiento por el decreto del estado de alarma, a causa de la pandemia, las cifras se dispararon en la capital de l'Horta Sud a partir del mes de abril. En la mayor parte de los casos es la Policía Local la que realiza la primera intervención porque es a este cuerpo al que se le reclama.
Según los datos que manejan las áreas de Seguridad y Urbanismo del Ayuntamiento de Torrent, durante el ejercicio 2019 se registraron en la ciudad 32 ocupaciones de viviendas, de las que nueve se produjeron en urbanizaciones y diseminados, ya que existen muchos en el término municipal. Además de la zona residencial del Vedat y de algunas urbanizaciones o núcleos consolidadas como el Tros Alt, Monterreal, el Mas del Jutge o el Pantano, existen numerosos puntos de diseminados en las zonas rurales.
Frente a las cifras de todo 2019, entre el 1 de enero del ejercicio 2020 y el 31 de julio, ya son 41 las ocupaciones de pisos y chalets que se han contabilizado por la Policía Local, 11 más que en todo el período anterior. Del total, 20 casos se produjeron en urbanizaciones y diseminados del término municipal. Dos de ellas fueron a mediados de julio en el Vedat (se registró un caso pero no llegó a consumarse el intento de ocupación por la intervención coordinada de agentes tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional) y en un diseminado del Camí del Fatxardet, respectivamente.
La pandemia ha marcado claramente estas cifras ya que 30 casos del total de 41 se dieron a partir del 1 de abril. Fuentes del gobierno local indican que este fenómeno ha crecido «debido probablemente a la situación económica de muchas familias, provocada por la Covid-19».
Acción de mediación
Según la concejala de Urbanismo y Seguridad, Inma Amat, «la primera acción por parte de la Policía cuando llega a una vivienda ocupada es identificar a los moradores e intentar mediar para que desalojen la casa sin producir daños», lo que se consigue en ocasiones. Si este propósito no se logra, «se comparece ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, según la ubicación de la vivienda, donde se informa de la situación para que se hagan cargo del caso y lo comuniquen al juzgado»
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