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Análisis

Otro plan urbanístico en el limbo

Vinalesa activa los mecanismos para caducar un PAI de 38.000 metros cuadrados paralizado más de una década

Otro plan urbanístico en el limbo

Cuando durante el boom del ladrillo, y ya con anterioridad, empezaron a aflorar como setas decenas de actuaciones urbanísticas, el riesgo que se corría es que, por diversas circunstancias, algunas de ellas se quedaran por el camino, dejando a los ayuntamientos la patata caliente de tratar de resolverlos. El problema, en muchos casos, es que liquidar un PAI se convierte en un farragoso y largo procedimiento administrativo de varios meses, e incluso años.

El (pen) último ayuntamiento que se enfrenta a un PAI que quedó en limbo es Vinalesa. El ejecutivo socialista que dirige Javier Puchol se marcó al final del pasado mandato y en el principio de este, el objetivo de normalizar el estado del PAI del Sector La Devesa, paralizado desde hace una década.

El PAI de la Devesa fue aprobado en julio de 2009. Se trata de una pastilla de terreno de 37.592 metros cuadrados, situada junto a la calle Manuel Sanchis Guarner. La actuación contemplaba decenas de viviendas sobre 32.331 metros de suelo urbanizable, con un edificabilidad de techo de 0,77 m2. En noviembre de 2012, el agente urbanizador del PAI presentó un escrito en el ayuntamiento en el que solicitaba la incoación de un expediente de suspensión temporal del PAI, además de que se paralizarán los plazos para la presentación de la documentación que ya le había requerido previamente el consistorio, dado que habían pasado meses desde la aprobación del proyecto urbanístico y en la zona no se había movido una piedra.

Inviabilidad económica

El ayuntamiento respondió la petición requiriendo que se detallaran las causas justificadas de interés público que aconsejaran la suspensión temporal de la actuación, además de que aportara toda la información referente a la inviabilidad económica a la que aludía la empresa para no ejecutar el PAI. La UTE, con fecha de enero de 2013, remitió alegaciones a la resolución municipal, pero el consistorio nuevamente (mayo del mismo año) le requirió que presentará las pruebas que sustentaran sus argumentos para paralizar el PAI. En este sentido, el escrito municipal recordaba que no se acreditaba que la totalidad de propietarios hubiera optado por la retribución en terrenos y que tampoco acreditaba la imposibilidad de financiación para el desarrollo de las obras, ni que los valores de los solares fuera insuficiente para costear la urbanización.

La mercantil no aportó respuesta en el plazo convenido, por lo que a finales de 2013, el consistorio dio por desistida la petición que formuló la UTE en noviembre de 2012. En cambio, en enero de 2014, la empresa presentó un nuevo escrito en términos muy similares al del inicio. El documento fue desestimado por silencio administrativo, pero hace unas semanas el ayuntamiento ha vuelto a poner el foco sobre el PAI con la intención de iniciar los trámites que den carpetazo definitivo al asunto, desestimando el recurso de reposición que presentó un representante legal de la sociedad contra el silencio municipal.

En el escrito del ayuntamiento dirigido a la mercantil, el consistorio recuerda que el agente urbanizador está obligado a financiar el coste de las inversiones, obras, instalaciones y compensaciones necesarias, y todavía no ha acreditado con documento alguno la «supuesta imposibilidad de obtener financiación de entidades bancarias». Además, respecto a la depreciación del suelo, la resolución dictada por el alcalde Javier Puchol sostiene que esa apreciación de la UTE «tampoco resulta avalada por informe técnico que lo corrobore» y que la simple declaración de situación voluntaria de concurso de acreedores de una de las sociedades de la UTE, «no constituye por si misma, causa de resolución de la adjudicación del PAI, más todavía cuando la referida empresa no ha acreditado que se haya procedido a la apertura de la fase de liquidación».

Recalcular el valor del suelo

En cuanto a que debería recalcularse el valor del suelo a efectos del cálculo del coeficiente de canje para la retribución al urbanizador, el ayuntamiento recalca que esta posibilidad está «prohibida» por la ley actual. Así, el escrito municipal afirma que el supuesto incremento del coeficiente de canje del 54,8% al 72,7 alegado por el urbanizador, «tampoco resulta avalado por un informe técnico que respalde las valoraciones reflejadas en el mismo».

Con todo ello, el Ayuntamiento de Vinalesa ha desestimado el recurso de reposición y abre la vía para seguir con el procedimiento administrativo que acabe retirando la condición de agente urbanizador a la UTE. El siguiente paso sería aprobar en sesión plenaria la caducidad del PAI, circunstancia que baraja seriamente el consistorio pero sobre la que no ha tomado una decisión definitiva.

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