El caso de la vecina de Albal, sancionada por no guardar la cuarentena en casa mientras esperaba los resultados de la prueba del coronavirus, no es el único que se ha detectado en la población. El alcalde Ramón Marí ha informado de un segundo expediente policial que se ha tramitado contra otra residente de la población por una falta grave.
En el segundo caso, la vecina acudió al centro de salud a hacerse el test PCR para que se determinara si estaba infectada por el virus y, días después, acudió enpersona al servicio sanitario a reclamar los resultados cuando se le había ordenado que se confinara en su domicilio y esperara la llamada en la que le indicarían si la prueba era positiva (como así fue). El centro de salud avisó a la Policía Local, que ha iniciado un expediente.
En el primer caso, el consistorio informó el lunes de que la afectada, no solo no guardó cuarentena sino que había acudido a su puesto de trabajo, en una empresa de la comarca. El centro de salud no la localizaba para comunicarle que estaba contagiada y la Policía local se personó en su domicilio, donde descubrió que también su marido se había saltado el confinamiento para ir a comprar.
En ambos casos, las mujeres se enfrentan a sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros por una falta grave, cuyo importe definitivo tendrá que determinarlo la Delegación del Gobierno, según ha explicado Ramón Marí, ya que «no es solo la infracción que han cometido por no guardar cuarentena sino el hecho de que se demuestre que puedan haber contagiado a alguien».
Por otro lado, el Ayuntamiento de Albal ha hecho balance de la campaña policial de control del uso de mascarillas desde que se decretó su obligatoriedad. En la población se han impuesto 75 multas.
El alcalde ha advertido de que consistorio y Policía van a ser muy severos con los incumplimientos ya que la población, que se había mantenido limpia de casos hasta hace poco, ha sido ahora escenario de rebrotes.
