El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha presentado este lunes en Torrent su estrategia para llevar el debate sobre la ocupación de viviendas a los distintos niveles de la administraciones públicas, como apoyo a la propuesta de ley que ha presentado en el Parlamento español. Los populares anuncian una campaña de mociones en los ayuntamientos y la diputación.
Así lo han anunciado la presidenta autonómica Isabel Bonig y la portavoz municipal Amparo Folgado, acompañadas por el presidente provincial Vicent Mompó y el diputado Luis Santamaría. Bonig ha insistido en que “la ocupación ilegal no puede sustituir las políticas de vivienda pública que se tienen que hacer” y Folgado ha manifestado que “prácticamente en todos los barrios de Torrent hay viviendas ocupadas.
En el terreno local, Folgado afirma que se ha producido “un crecimiento importante de ocuàciñon de viviendas en Torrent” que se inició incluso antes del confinamiento, aunque no ha ofrecido datos concretos. “Gente desesperada porque le había ocupado una propiedad nos ha venido a buscar a nosotros”, ha asegurado. “Hay muchos casos denunciados y otros en los que aún no lo saben ni los propietarios porque se trata de casas hederadas de la familia con varios propietarios, y se van enterando por los vecinos”, ha afirmado la portavoz y exalcaldesa.
Folgado ha insistido en que las viviendas no solo se ocupan en el casco anrtiguo, donde hay mayor íncide de casas deshabitadas, sino en el Vedat “e incluso en pisos nuevos”. Además, ha lamentado que la situación de la Policía Local, un departamento en el que “se han perdido muchas plazas de la plantilla en los últimos años, que aún no se han cubierto”, puede que no permita una actuación rápida en un caso de ocupación como las que se produjeron en su etapa al frente del consistorio. “Se ocuparon tres viviendas a estrenar del Ivvsa a punto de ser adjudicadas y gracias, entre otros, a la actuación policial, se pudo solucionar”, ha revelado.
Por su parte, Bonig ha incidido en que, según los datos de Ministerio del Interior, en la Comunitat Valenciana hubo 496 ocupaciones ilegales de viviendas en 2019 mientras que en el primer semestre de 2020 la cifra ya estaba en 566. “Hay que distinguir entre las personas vulnerables que necesitan una vivienda y las mafias que se están aprovechando de la debilidad de algunos gobiernos”, ha expresado la presidenta.
No obstante, también ha asegurado que en la Comunitat Valenciana hay actualmente 1.300 viviendas de la Generalitat ocupadas de forma ilegal “cuando hay 25.000 personas en lista de espera y eso es una estafa para ellas, que sí están cumpliendo”.
Para Isabel Bonig, “ningún gobierno puede avalar la ocupación ilegal de viviendas, ni mucho menos ser la sustitución por la falta de políticas públicas de creación de vivienda social”. Además, tanto Folgado como Santamaría han indicado que la titularidad del inmueble y el hecho de que sea propiedad de un banco no evita “las molestias, los daños y la inseguridad que se genera en el vecindario”.
Finalmente, Vicent Mompó ha pedido que la Diputació de València cree un fondo para “atender a las víctimas de toda esta situación” que son las familias vulnerables que necesitan una vivienda, aunque ha insistido en la importancia de los desalojos rápidos.
