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Rocafort intenta caducar otra vez el PAI que ejecutaba una firma ligada a Gürtel

La justicia dio la razón a la empresa y ahora el ayuntamiento reinicia todo el proceso

Terrenos que forman parte del PAI del Bovalar, en Rocafort.

Terrenos que forman parte del PAI del Bovalar, en Rocafort.

La larga tramitación y aristas que debe superar un Plan de Actuación Integrada (PAI), es directamente proporcional al proceso administrativo que tiene que acometer un ayuntamiento, por ejemplo, a la hora de tratar deintentar caducarlo. Un nuevo caso de las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la paralización de proyectos del ladrillo se acaba de registrar en Rocafort con el PAI del Bovalar, una actuación sobre 150.000 metros cuadrados con medio millar de viviendas. El ayuntamiento va a iniciar por segunda vez los trámites para caducar el PAI y retirar la condición de agente urbanizador a la adjudicataria después de que el anterior proceso, en 2018, fuera impugnado en el juzgado por comunicar la resolución a la otra parte con un día de retraso, superando el plazo de caducidad.

El PAI del Bovalar lo presentó en 2003 el ayuntamiento que gobernaba el PP de Sebastián Bosch y que aprobó en 2006 la Generalitat, también del Partido Popular. El agente urbanizador en los inicios fue Urbalite SL, propiedad en aquel momento de la familia Serratosa-Caturla. Durante las obras fue absorbida por Electra SL. Entre lo cometidos que tenía la mercantil se encontraba acometer una rotonda en la CV-310 y el encauzamiento y conexión de la cuenca de drenaje al Barranc dels Frares, motivo éste por el que Godella llevó el proyecto a los tribunales, aunque finalmente la Justicia dio la razón a Rocafort.

La actuación urbanística global la ejecutaba el Grupo Begar, sociedad integrada en el grupo propiedad de José Luis Ulibarri, procesado por la rama de Gürtel de Boadilla e imputado en la trama Púnica. El empresario leonés también tuvo otras ramificaciones en la C. Valenciana durante la etapa del Partido Popular, al ser el gran beneficiario en el reparto de licencias de TDT por parte de la Generalitat de Francisco Camps.

Rocafort recepcionó parcialmente las obras en 2011 pero seguía sin ejecutarse la rotonda en la CV-310 y el encauzamiento y conexión de la cuenca de drenaje al Barranc dels Frares, además de tener que solicitar a la Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) la conexión y puesta en marcha de la Red de Alcantarillado.

Desde 2012 la actividad del PAI permanece paralizada, incluso la maleza y la proliferación de ratas obligó al ayuntamiento a requerir a los propietarios su limpieza.

Así, en julio de 2017 el consistorio remitió al agente urbanizador un requerimiento para que aportase la documentación referente a las actuaciones que debía ejecutar en la zona. Pasado el plazo, la firma, a ojos de la administración local, había incumplido todas sus obligaciones contractuales, además de no haber respondido a sus reclamaciones. A partir de ahí, el ayuntamiento puso en marcha la maquinaria para declarar la caducidad del PAI y retirar a la empresa su condición de agente urbanizador.

En febrero de 2018, el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat emitió un dictamen que consideraba procedente que el pleno declarara la caducidad del PAI por el incumplimiento del contrato por parte de la mercantil, que tampoco atendió a los requerimientos del Ayuntamiento y dejó de ejecutar parte de las prestaciones que debía llevar a cabo en unos terrenos que afectan a más de medio centenar de propietarios.

El 20 de marzo de 2018, el ayuntamiento celebraba un pleno extraordinario en el que aprobaba la caducidad del PAI del Bovalar y resolvía la condición de agente urbanizador de la empresa adjudicataria. La intención del consistorio, gobernado entonces por PSOE, Compromís y Guanyem, era recuperar la gestión directa del PAI, afectando los bienes y los recursos del programa cancelado con la incautación de una garantía de 54.243,30 euros, correspondiente al 10% de los avales depositados por la empresa. En julio se rechazaba el recurso de reposición de la empresa y se daba carpetazo al asunto.

El problema vino cuando Electra SL presentó un contencioso, que le dió la razón en diciembre de 2019, al entender el juez que el acuerdo plenario fue adoptado fuera del plazo legalmente establecido, ya que la resolución que ponía fin al expediente fue comunicado a la mercantil el 22 de marzo, superando en un día el plazo de caducidad.

Por tanto, el juez dejaba sin efecto el pleno de 2018. La administración local considera que la justicia le ha quitado la razón por una cuestión meramente formal por lo que nada le impide llevar a cabo de nuevo todo el procedimiento administrativo para tratar de caducar por segunda vez el PAI del Bovalar.

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