Una huelga en la ‘escoleta’ de Rocafort obliga a cerrar dos aulas y enviar a 26 niños a casa

La escoleta abrió sus puertas hace 15 años, aunque el conflicto se arrastra desde 2012, cuando se realizó un proceso de selección de personal laboral fijo. Desde entonces, las empleadas vienen reclamando el complemento específico, una remuneración reflejada en la nómina en consonancia con la responsabilidad de cada empleado/a del ayuntamiento, además de ajustar el sistema de control de horario y contrataciones transparentes.

Así, el pasado febrero, el comité de huelga anunció que desde abril iniciarían paros de manera indefinida, todos los martes y jueves, de 8 a 15 horas. Entonces, el alcalde Guillermo José (Cs)  se reunió con las familias de los niños y niñas, con unas noventa matrículas, para informar de la situación y garantizarles que se cumplirían los servicios mínimos.

Unas semanas después el decreto de estado de alarma por la pandemia de la covid-19 obligó a cerrar todas las instalaciones educativas, incluida la escoleta, pero el conflicto ya seguía su curso, en los tribunales. El comité de huelga presentó a finales de febrero un contencioso administrativo contra la resolución municipal que fijaba unos servicios mínimos para los días de huelga. En concreto, el ayuntamiento ordenaba a cumplir por categoría y turno, de 8 a 15 horas los martes y los jueves, un 100% de la jornada a la profesora/directora y un 80% a las técnicas de educación infantil. Las demandantes solicitaban la anulación de la resolución al entender que «no había motivación suficiente que justifique los servicios mínimos del 80%, ya que la Escuela Infantil no es un servicio esencial al no tratarse de educación obligatoria».

Esta misma semana, el juzgado de lo contencioso Nº 4 de València emitía una sentencia que daba la razón al comité de huelga. El fallo, al que ha tenido acceso este diario, entiende que el servicio educativo «es esencial», así como la «necesidad de establecer unos servicios mínimos apara evitar la causación de perjuicios a los derechos de los ciudadanos», pero considera que la motivación de la resolución municipal «es insuficiente», ya que, «carece de mención o fundamentación sobre los concretos servicios mínimos fijados y no la genérica necesidad de su fijación, no explicando las razones por las que se fijaron los concretos porcentajes de la plantilla ni los procedimientos o criterios seguidos para establecerlos».

Por tanto, el juzgado sostiene que la motivación ofrecida por la resolución «no es conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional ni la jurisprudencia el Supremo, que requieren, una explicación en la resolución que se dicte para asegurar el mantenimiento de servicios esenciales, una motivación de la esencialidad de dichos servicios y de la entidad de los mínimos que deben respetarse».

Con la sentencia en la mano, las cinco docentes iniciaron ayer los paros convocados hace meses. A las nueve, las profesoras se quedaron a las puertas de la escoleta, con sus pancartas y denunciado la situación laboral que atraviesan. «Hemos hablado con algunos padres, unos lo han entendido, otros se han ido cabreados, pero estamos reivindicando nuestros derechos», afirmaban.

El paro obligó a cerrar dos de las seis aulas de la escoleta por falta de docentes (en las otras cuatro había personal que no hizo huelga) y 26 niños y niñas tuvieron que regresar a sus casas, con el evidente enfado de las familias.

Pero la polémica no acabó ahí. Las cinco docentes decidieron a las 10 de la mañana que volvían a las aulas, pero el alcalde se lo impidió. «Nos ha dicho que si el paro era de 8 a 15 horas, que lo hiciéramos completo y no volviéramos hasta mañana», manifestaba una de las profesoras, que añadía que «tenemos derecho a realizar un paro parcial o completo, y vamos a denunciar la situación ante la Guardia Civil».

Ahora, la escoleta volverá a fijar unos servicios mínimos.