La Sindicatura de Comptes ha concluido, dentro de la auditoría del ejercicio 2019, que los ciudadanos de Paterna, tras las comprobaciones realizadas el pasado mes de febrero, tenían que esperar una media de dos años y un mes para ver reconocidos sus derechos de dependencia. La demora en la tramitación situaba al municipio muy lejos de los seis meses de plazo legal, y también de la media de demora de la C. Valenciana, de un año y cinco meses.
La sindicatura considera que el ayuntamiento ha gestionado «inadecuadamente los recursos humanos necesarios en la tramitación inicial del procedimiento administrativo de la dependencia, en la fase de registrar las solicitudes, atendiendo que estos han sido insuficientes para asumir con eficiencia el elevado número de las recibidas por la conselleria el uno de enero de 2018 que estaban pendientes de grabar».
El ente recuerda que el cumplimiento del plazo legal de seis meses para dictar y notificar la resolución expresa en el procedimiento administrativo de la dependencia es, «además de una obligación legal para la administración competente, una exigencia que puede calificarse de ética, dada la edad y precariedad en la que se encuentran la mayor parte de las personas potencialmente beneficiarias del sistema público de dependencia». Por tanto, considera que el incumplimiento de este plazo «debe calificarse como muy grave, ya que lesiona las legítimas expectativas de un colectivo vulnerable».
365 solicitudes en un armario
La sindicatura revela que en marzo de 2020 visitó las dependencias del ayuntamiento , y detectó la existencia de 365 solicitudes presentadas por los ciudadanos «guardadas en los armarios pedientes de ser registradas en ADA (el programa habilitado por la conselleria para la gestión de la dependencia)». Las causas, según el informe, se deben a que el ayuntamiento «cuenta contaba con solo dos administrativos para atender toda la demanda de la dependencia, dedicándose también a otros materias relacionadas con servicios sociales».
«La gestión de la Dependencia no es una prioridad para los socialistas», denuncian desde el PP de Paterna, que resaltan que la auditora revela que «la ratio de personal que correspondería a este ayuntamiento deberían ser 14 administrativos. Y mientras tanto, los ciudadanos presentando por Registro de entrada escritos pidiendo que se les informe de su solicitud y en el estado en el que se encuentra la tramitación de su reconocimiento de dependencia», lamentan. La edila popular M. Dolores Rodríguez califica la situación de «bochornosa e insostenible», ya que «muchas familias necesitan esas ayudas e incluso han dejado sus trabajos para atender a sus familiares y ni siquiera se tiene en cuenta su solicitud».
Segura: «Ahora el departamento está al día»
La concejala de Inclusión Social, Isabel Segura, defiende que ahora «el departamento está al día, dado que se reforzó la parte administrativa durante el confinamiento, habiendo hecho frente a los expedientes de grabación que habían pendientes. Hay que señalar que el municipio sufrió un retraso, generado por los 191 expedientes volcados por la conselleria al derivar la competencia». Además, sotiene que en el momento de la valoración «había 8 administrativas, de las cuales 2 estaban en exclusividad a dependencia. Durante el confinamiento, tuvimos apoyo de otras áreas y se pudo agilizar mucho, dejando la grabación pendiente al día . Dada la actual situación de pandemia, el área registre más de 700 registros/solicitudes al mes en de inclusión social», afirma.
