El conflicto que afecta al Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, tras el anuncio del exalcalde socialista Rubén Rodríguez (dimitió en verano tras ser acusado de acoso por una trabajadora) de una querella contra sus anteriores compañeros de gobierno, ha provocado una fuerte convulsión en un municipio de algo más de 3.600 habitantes. Y aún mayor ha sido el impacto por la revelación de la actual alcaldesa Raquel Ramiro, que le sucedió en el cargo, de que el asunto que origina la crisis «no era un caso aislado».
Rodríguez fue denunciado por una empleada en la Comisión de Igualdad aunque en aquel momento no trascendieron los detalles ni tampoco que se trataba de presunto acoso sexual sino simplemente «acoso». Como ayer revelaba el propio exalcalde a Levante-EMV, Rodríguez le hizo una fotografía a una becaria y se la envió con el mensaje de «te queda muy bien». La afectada interpuso una queja a la Comisión de Igualdad.
Para el Partido Popular, resulta «muy grave» que ahora el PSPV revele que «no era un caso aislado». Su presidente local y exalcalde Fernando Traver (casualmente dimitió de su acta el mismo día que Rodríguez para volver a su vida profesional) se pregunta «si hay más casos, si el PSPV lo sabía y lo había encubierto hasta entonces e incluso si sus socios de Compromís también eran conocedores». Traver recuerda que en 2015, su partido ganó las elecciones pero no pudo revalidar el cargo de alcalde porque la alianza del PSPV y Compromís sumaba mayoría absoluta y se pactó una coalición con turno en la alcaldía. «¿Se mantenía ese gobierno tapando al alcalde solo para echar al PP de la alcaldía?», se plantea Traver. «Al final, Bonrepòs es un pueblo pequeño y todo se acaba sabiendo», añade el exalcalde popular, además de lamentar que la población «cada dos por tres es noticia por escándalos que generan gran malestar, que la población no merece porque ya tiene bastante con la pandemia».
Tolerancia cero con el acoso
Por su parte, Compromís espera que la Comisión de Igualdad se pronuncie en el plazo más breve posible, ya que la alcaldesa anunció en una reciente junta de portavoces que «ya se estaba redactando el dictamen». La coalición confirma que en esa junta, «en la que estaba el PP también», la mandataria socialista informó de que «más funcionarias han declarado» en la comisión, dentro del proceso, y es entonces cuando supieron que podía no ser un caso aislado. Compromís pidió «toda la transparencia necesaria» para el dictamen de la comisión, una vez esté acabado, e incluso que «si de la resolución se derivan responsabilidades penales, que el ayuntamiento se persone en el caso». Además, la coalición nacionalista exige «tolerancia cero ante posibles o presuntos casos de acoso sexual».
Caballero respalda al PSPV local
La secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia, Mercedes Caballero, ha mostrado «el más absoluto apoyo», tanto a la alcaldesa, Raquel Ramiro, como al resto de miembros del grupo municipal socialista de Bonrepós i Mirambell ante la demanda presentada contra ellos por el ex alcalde Rubén Rodríguez.
«Sin entrar a valorar la decisión personal que le ha llevado a presentar la demanda», Caballero estima que se basa en «afirmaciones que no corresponden con la realidad de lo sucedido y lo único que persigue es culpabilizar al gobierno municipal de unos hechos que, de ser ciertos, competen exclusivamente al ámbito personal del exalcalde».
Caballero niega que se ejerciera presión sobre Rodríguez para que dejara la alcaldía y el acta de concejal y asegura que se entendió como «una decisión de responsabilidad, con el objeto de no dañar ni su imagen personal ni la del partido y gobierno municipal». El PSPV ha recordado que la convocatoria de la mesa de Igualdad para analizar la denuncia contra él se implementó en la institución (tal como se requiere en casos similares). «Los concejales del grupo socialista, si son responsables de alguna cosa, lo son de activar los mecanismos legales requeridos para situaciones similares, pero en ningún caso de las actitudes y acciones personales del ex alcalde».
Caballero rechaza que haya habido mala praxis política o personal en el grupo socialista en los consejos que le dieron al exalcalde ya que buscaban «atajar el desgaste personal que podría suponer». «Siempre es lícita la defensa personal cuando alguien es acusado de acciones u omisiones en las que entiende que no ha participado, pero nunca intentando involucrar a terceros que nada tienen que ver», concluye.
