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Antifraude ve "irregular" que Paterna mantuviera el salario de la tránsfuga

La agencia concluye que la exconcejala debió perder su dedicación exclusiva tras dejar el PP y recomienda revisar de oficio el proceso

Sagredo

Sagredo

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado «irregularidades administrativas invalidantes» en el informe final de investigación, sobre el salario que estuvo percibiendo durante meses la concejala Mª Ángeles Salvador, después de abandonar el PP y pasar al grupo de no adscritos. El órgano autonómico recomendó al consistorio a revisar de oficio el acto administrativo y abre la puerta a que la regidora deba revolver las retribuciones percibidas.

En junio de 2017, M.ª Ángeles Salvador dejó el PP, pero conservó su acta y pasando como tránsfuga al grupo de no adscritos en el pleno. La regidora era una de los cuatro ediles populares con dedicación exclusiva, a razón de 32.197 euros anuales. Dos semanas después, Secretaría emitió un informe en el que advertía al alcalde Juan Antonio Sagredo (PSPV) de que había retirado una de las dedicaciones concedidas al PP pasándola a la tránsfuga. Tanto la secretaria como el oficial mayor concluían que los tránsfugas «no podrían disfrutar de ninguna dedicación bajo la órbita de ningún grupo municipal».

La edila, hoy asesora de Protocolo en alcaldía, siguió percibiendo el salario, pese a que Intervención insistió en sus reparos, incluso planteando que la afectada debería reintegrar las retribuciones. Finalmente, en diciembre de 2017, Sagredo firmaba un decreto en el que «regularizaba» la situación. El alcalde refrendaba «los mismos derechos económicos y políticos» de los que disfrutaba la concejala desde el momento que dejó el PP. El socialista argumentaba que la edila no lograba un lucro económico al abandonar el PP, ya que «persiste exactamente la misma condición económica».

Secretaría recordó los reparos de Intervención, aseverando que la asignación mediante el decreto es «una nueva dedicación, distinta» a la que percibía en el PP, y la actual «exige una motivación» y «deben justificarse los emolumentos en atención a tareas cuyo desempeño se le atribuye ahora». Por ello, concluía que la concejala «debió perder la dedicación» al pasar a no adscritos.

Denuncia anónima a Fiscalía

Una denuncia anónima llevó el caso a la Fiscalía y a la Agencia Antifraude. La primera tuvo su recorrido, aunque finalmente fue archivada, al igual que la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas. En cambio, la Agencia Antifraude ha resuelto ahora semanas su propio expediente, con la conclusión de que detecta «irregularidades administrativas».

No vio aumentados sus derechos

Así, sostiene que en el pleno de julio de 2015 -el primero del anterior mandato- «no se contempla la posibilidad de que un concejal no adscrito ostente dedicación exclusiva». Y si bien admite que Salvador no vio incrementados sus derechos, Antifraude concluye que «debió perder la dedicación con la que contaba, puesto que se acordó por estar vinculada al PP» y «dejó de tener derecho a la percepción de las cantidades desde que abandonó el grupo al que pertenecía». Y respecto al decreto del alcalde, «no había supuestos de hechos necesarios» para retrotraer la eficacia del acto, «suponiendo, una irregularidad incardinable en la nulidad, ya que ni pertenecía a los grupos acordados en 2015 ni ostentaba delegaciones o responsabilidades». Por tanto, recomienda revisar de oficio el decreto.

Para ello, da un plazo para presentar un plan de implementación. Según expertos en la materia administrativa, el consistorio deberá solicitar un informe al Consell Jurídic Consultiu, además de dar audiencia a la propia exregidora. El dictamen de Antifraude deja claro que el decreto del alcalde es irregular y que Salvador debería devolver las retribuciones percibidas, en torno a unos 60.000 euros.

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