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El juez sienta en el banquillo al exalcalde de Moncada por estafa y prevaricación

El magistrado considera que Juan José Medina (PP) votó a favor de pedir un crédito para Pemsa hipotecando unos terrenos que sabía que habían sido vendidos - El exconcejal Miguel Gallego y el exgerente de la mercantil también serán juzgados

El exalcalde de Moncada, Juan José Medina, cuando declaró por el caso en 2016. | M. A. MONTESINOS

El exalcalde de Moncada, Juan José Medina, cuando declaró por el caso en 2016. | M. A. MONTESINOS

El exalcalde de Moncada Juan José Medina (PP) se sentará en el banquillo acusado de los delitos de prevaricación y estafa, por la hipoteca de unas terrenos de la empresa municipal Pemsa, que habían sido vendidos previamente y con los que la mercantil avaló un crédito. Le acompañarán el exconcejal popular Miguel Gallego y José Ignacio Orero, exgerente de la sociedad.

El juzgado de Instrucción número 1 de Moncada resolvió en septiembre del pasado año abrir un procedimiento abreviado (la antesala del juicio oral) contra Medina, Gallego y Orero. Los tres investigados recurrieron su inculpación, mientras que las acusaciones alegaron contra el sobreseimiento de la causa en relación a varios investigados (todos los concejales que formaban parte de la corporación local el día que se aprobó pedir el crédito). También apeló el Ayuntamiento de Moncada en relación a la responsabilidad civil de Pemsa.

Todos los recursos presentados por las partes han sido desestimados, tanto los de reforma, ante el propio juzgado instructor, como los de apelación, ante la Audiencia de Valencia, que ha confirmado íntegramente el auto de Procedimiento Abreviado dictado en septiembre de 2019 por el juzgado de Instrucción 1 de Moncada. Ahora, únicamente queda pendiente de resolver una cuestión relativa a la responsabilidad civil. Con este trámite finalizado, el juzgado decretará la apertura de juicio oral y remitirá el asunto al órgano que debe juzgar el caso.

Por tanto, el que fue alcalde de Moncada (2007-2015), vicepresidente de la Diputació y exvicesecretario del Partido Popular de la provincia de Valencia, se sentará en el banquillo, junto con Miguel Gallego, exconcejal del PP y candidato en las últimas elecciones municipales; y Orero.

El caso atañe a la hipoteca de unas terrenos de Pemsa que habían sido vendidos previamente y con los que la mercantil avaló posteriormente un crédito. Según la resolución del juez Joaquim Bosch del pasado septiembre, el gerente de la empresa pública habría realizado seis operaciones de compraventa de parcelas entre octubre de 2010 y enero de 2012, siguiendo las instrucciones de Medina, presidente de Pemsa, y de Miguel Gallego, concejal delegado y vicepresidente. En total, las operaciones debían reportar a las arcas de la entidad pública unos 3,5 millones de euros, aunque no se acabó ingresando todo el dinero.

En diciembre de 2013, el pleno del Ayuntamiento de Moncada aprobó autorizar a Pemsa para que formalizara un préstamo hipotecario por importe de 1,8 millones, a los efectos de solventar los problemas económicos por los que atravesaba la mercantil municipal, para lo cual se ofrecía como garantía las referidas seis parcelas que habían sido vendidas previamente.

El citado acuerdo municipal fue solicitado por el gerente de Pemsa, José Ignacio Orero, de común acuerdo con Medina y Gallego. Según el juez, estos dos últimos habrían votado a favor de la resolución municipal, a pesar de que conocían que dichas fincas habían sido vendidas anteriormente. Días más tarde, se otorgó escritura pública en la que Pemsa hipotecaba las referidas seis parcelas, al formalizar el crédito.

El juez considera que los hechos punibles expresados podrían suponer un delito de estafa (vía penal), al haberse procedido a enajenar las parcelas por parte de Pemsa y al haber gravado posteriormente las mismas con una hipoteca, cuando ya no se tenía poder de disposición sobre ellas. Orero argumentó que no se vendieron sino que se formalizó un compromiso de venta. «Esa apreciación no puede compartirse, pues los propios contratos están encabezados con el término ‘contrato de compraventa’», apunta el magistrado, que también aprecia a que los hechos investigados puedan ser constitutivos de un delito de prevaricación, «al tratarse de cargos públicos que habrían votado autorizar la constitución de hipoteca sobre dichas parcelas, a pesar de que conocían que las mismas habían sido vendidas previamente por Pemsa».

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