Una espada de seis millones de euros pende sobre la cabeza del Ayuntamiento de Moncada y, por extensión, de los vecinos de la localidad. Es la multa que la fiscal del caso Pemsa ha pedido para la empresa municipal, actualmente en fase de liquidación, por un supuesto delito de estafa, después de que el exgerente solicitara un crédito de 1,8 millones y pusiera como aval hipotecario seis parcelas que había vendido años antes.
Promoción Económica de Moncada SA (Pemsa) nació en 1989. El ayuntamiento, como socio único, aportó 31 millones de pesetas (186.000 euros). Hubo dos ampliaciones de capital, en 1997 y 1999, pero el consistorio se mantuvo como su único accionista. Entre las funciones de la mercantil pública: captar recursos ajenos, pudiendo en consecuencia adquirir y enajenar a título oneroso, gravar y permutar inmuebles, rústicos y urbanos».
Pero la sociedad, como otras muchas, fue víctima de la crisis. Por ello, vendió seis parcelas, entre 2010 y 2012, por valor de 3,5 millones. Pero los números seguían en rojo y solo ingresó 1,3 por aquellas operaciones. En diciembre de 2013, el pleno autorizó a Pemsa a solicitar un crédito de 1,8 millones, con el aval hipotecario de unos terrenos: los seis que ya habían sido vendidos años antes.
Esta irregularidad ha acabado en juicio oral, con el exalcalde Juan José Medina, el exconcejal Miguel Gallego y el exgerente de Pemsa José Ignacio Orero sentados en el banquillo por un presunto delito de estafa y prevaricación, esto último solo para los dos expolíticos. La fiscal solicita 4,5 años de cárcel para los tres, y 9 de inhabilitación para Medina y Gallego. Pero el ministerio público también acusa de estafa a Pemsa, para la que solicita una multa de seis millones de euros.
El crédito quedó impagado
La empresa pública entró en concurso de acreedores hace bastantes meses y, en estos momentos, se encuentra en fase de liquidación. El administrador concursal está tratando de enajenar todos los bienes posibles para compensar a los acreedores, entre ellos la entidad bancaria que le concedió el crédito y del que solo se devolvieron unos 35.000 euros. La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts (PSPV), sin aventurarse a una hipotética condena a la empresa pública, sí advierte de que seis millones de euros para el ayuntamiento «serían una losa terrible que acabaría repercutiendo en todos los vecinos y vecinas, que pagarían la nefasta gestión de una etapa anterior» del gobierno popular.
Orts recuerda que su equipo «ha conseguido reflotar el ayuntamiento en estos cinco años». «Ahora que lo tenemos saneado y con capacidad para otros retos, nos llevamos este disgusto por culpa de unos gestores irresponsables y ver a lo que nos podremos enfrentar los próximos años es muy duro», se queja.
De todas formas, la alcaldesa socialista confía en que durante el juicio «se sepa diferenciar a Pemsa del ayuntamiento, ya que la empresa pública estaba dirigida por un gerente con plenos poderes y con la firma del alcalde como necesaria para algunos trámites». «Desde que se inició todo este proceso hemos tratado de demostrar las diferencias de gestión entre ambas entidades», puntualiza. En este sentido, Orts apunta que «habrá que ver la responsabilidad hasta donde llega».
El PAI de las parcelas tendrá que revertirse
Casualidad, o no, el caso de las parcelas hipotecadas de Pemsa ha ido ligado al PAI de ampliación del Polígono Moncada 3. Los terrenos vendidos, y que luego utilizó la mercantil como aval, están situados dentro del millón de metros de actuación urbanística.
El expediente del PAI se inició en 2002 y en marzo de 2011 se puso la primera piedra, la única que se movió en los 30 meses establecidos de plazo de ejecución.
Una propietaria demandó al consistorio, pidiendo en el juzgado que le devolvieran los 11.300 euros que anticipó como cargas o se reanudaran las obras. El juez, a finales de octubre de 2018, concedió lo segundo, pero no lo primero. Es decir, el magistrado instó al consistorio a retirar la condición de agente urbanizador a Pemsa y volver a impulsar actuación urbanística; o a que revertiera todo el proceso y lo iniciara de cero.
El ayuntamiento optó por la primera opción y se reunió con los propietarios para ver las opciones de seguir con el PAI.
Casi con el final de esas conversaciones, el consistorio recibió una nueva sentencia, firme como la anterior, en la que el juez daba la razón a otro propietario que demandó la paralización del PAI, pero en este caso obligaba al consistorio a revertir la actuación urbanística.
La alcaldesa Amparo Orts explica que se debe restituir los terrenos de todos los propietarios que cedieron las tierras para ejecutar el PAI. De hecho, el consistorio ha provisto en los presupuestos que se aprobaron recientemente, una partida de unos 120.000 euros para que un equipo técnico de arquitectos diseñe el modo de retornar todo lo programado a su estado anterior.
