La piscina municipal cubierta de la Pobla de Farnals está cerrada desde marzo no solo por la pandemia, sino porque en la actualidad no hay ninguna empresa que tenga la explotación de la instalación, después de que se pusiera fin al contrato de forma abrupta antes de que espirase en 2022. Una rescisión del contrato que ha sido llevada al juzgado por parte de la contrata por desavenencias a la hora de definir el motivo: el consistorio pide el fin del contrato por incumplimiento del mismo, tras no satisfacer la empresa el canon en los últimos años, mientras que la contrata justifica la finalización del acuerdo por entrar en un procedimiento concursal.
Fue en 2014 cuando el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals adjudicó la explotación de la piscina municipal a Valenciana del Deporte y Salud SL (Vadepsa) por un periodo de ocho años prorrogable a otros dos. Según argumenta el consistorio, en 2016 ya se produjeron los primeros impagos del canon anual por parte de la empresa.
Así, el 26 de enero de 2019, Vadepsa solicitó la resolución del contrato de explotación de la piscina municipal con un informe pericial que explicaba su situación, que derivó en un procedimiento concursal. El consistorio, sin embargo, acordó en el pleno del 18 de abril de 2019 desestimar la solicitud de resolución del contrato de explotación de la piscina municipal. Contra dicha resolución Vadepsa decidió interponer un recurso contencioso administrativo en el Juzgado nº1 de València, que aún se mantiene sin resolver.
Tras recibir en noviembre una diligencia de embargo por la existencia de deudas liquidables y exigibles contraídas frente a la citada entidad por importe total de 76.097,67 euros, el ayuntamiento decidió el 7 de febrero de 2020, incoar un procedimiento de resolución del contrato de concesión por incumplimiento de las obligaciones esenciales contenidas en el mismo, concretamente por el impago del canon.
Frente a dicho acuerdo, el Administrador Concursal del proceso de la mercantil Vadepsa alegó, principalmente, que era inadecuado puesto que la resolución del contrato se debe sustanciar por los trámites del incidente concursal, siendo el juez del concurso quien debe decidir.
Este planteamiento hizo que el consistorio acudiera al Consell Jurídic Consultiu, que determinó que el ayuntamiento sí podía pedir el fin del contrato, independientemente del juez concursal. La causa era que la falta de pago concesional por parte del adjudicatario aconteció primero en el tiempo, frente a cualquier otra posible causa de resolución, debido a que la situación de impago del canon concesional se remonta al año 2016, tal y como se desprende del informe de la Tesorería Municipal.
Con todo esto, el pleno decidió el 26 de mayo de 2020 rechazar las alegaciones y resolver el contrato de concesión, explotación y mantenimiento de la piscina cubierta por Vadepsa por incumplimiento de las obligaciones esenciales contenidas en el mismo, en concreto el pago de los abonos de la concesión, además de retener el aval depositado por la citada mercantil, y de recepcionar la instalación de nuevo, algo que ya se ha producido. Contra dicha resolución, el administrador concursal de Vadepsa presentó un recurso que fue rechazado de nuevo por el pleno en julio.
«Consideramos que antes de anunciar su cierre, la empresa no ha cumplido las condiciones del contrato. Además del canon que no ha pagado en los últimos años, también han tenido lugar una serie de incidencias relacionadas, por ejemplo, con el mantenimiento de las instalaciones que tampoco se han cumplido y que no se justifican», explica el alcalde de la Pobla, Enric Palanca, quien añade que hay que tener en cuenta el daño causado a los usuarios de la piscina, a los que esta empresa ha dejado sin servicio, además de los daños materiales derivados por tener la instalación cerrada.
El pleno aprueba prohibir contratar a esa firma en tres años
El Ayuntamiento de la Pobla no solo decidió en pleno aprobar la rescisión del contrato de explotación de la piscina por incumplimiento de Vadepsa, sino que también acordó la prohibición de contratar dicha empresa en unplazo máximo de tres años.
La prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano competente para su declaración, esto es el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals (el pleno municipal). No obstante, dicha prohibición se podrá extender al correspondiente sector público en el que se integre el órgano de contratación, por lo que propone que se aplique al resto de órganos con competencias en contratación en la entidad local, esto es Junta de Gobierno Local y Alcaldía.
El administardor concursal de Vadepsa presentó alegaciones que fueron desestimadas en el pleno del pasado mes de noviembre, con la abstenciónde Cs y el PP.
