La cloración de once acequias de l’Horta Nord para evitar los vertidos que habían obligado a cerrar playas en València y diversos municipios, en el verano de 2019, pudo ser un delito mediambiental, por los daños que causó en el entorno natural, entre ellos la mortandad de peces . Así lo estima la Fiscalía de Medio Ambiente en su dictamen tras estudiar diversos informes técnicos, por lo que propone que se remitan las Diligencias de Investigación Penal al Juzgado Decano de los de Massamagrell para que se practiquen las diligencias oportunas para la identificación de los autores. El documento, con fecha de 2 de noviembre de 2020, se hizo público ayer y emite más de un año después de los hechos y de la denuncia del Seprona.
Eldictamen hace referencia a que en los meses de junio y julio de 2019 «se registraron diferentes episodios de cierres de playas» en l’Horta Nord y en València por «contaminación microbiológica», según los análisis de la Dirección General del Agua, al superarse los límites legales.Por ello, la Consellería de Agricultura creó una Comisión Técnica de Seguimiento, formada por sus técnicos, de la Epsar, de la Confederación Hidrogràfica del Júcar y de los ayuntamientos afectados (València, Alboraia, Meliana, Massalfassar, Massamagrell, la Pobla de Farnals, el Puig y Puçol). La conclusión fue que «la contaminación fecal de las aguas en las playas se originó por el vertido al mar de los excedentes de las acequias de riego de l’Horta Nord», ocasionado por viviendas aisladas no conectadas a las redes de alcantarillado.
Para rebajar el nivel de contaminación fecal en las acequias antes de su vertido al mar de forma inmediata, se acordó la cloración de las aguas de las más conflictivas y encargó a la Epsar que llevaran a cabo las actuaciones.
En los primeros días de agosto de 2019, se cloraron las acequias del Mar, de la Marquesa, de Sant Vicent, Nova, Sangonera, Mitgera, Rafalell y Vistabella, la situada junto espigón sur puerto de la Pobla, la situada junto a carretera de San Valero, la del Camí de la Tanca o de Fajes, y la de las Eras o els Plans. Y el 8 de agosto, aparecieron peces muertos en la desembocadura de la acequia de La Tanca (Medicalia-El Puig) junto al mar, lo que provocó denuncias del PP en les Corts y de Ecologistas en Acción, y una actuación del Seprona.
Legislación de uso en piscinas
El dictamen de la Fiscalía incide en que la Epsar utilizó la legislación que regula las normas en piscinas de uso colectivo y parques acuáticos y la calidad del agua de consumo humano, «siendo éstos lugares muy distintos de los que contienen fauna acuática».
Ante el episodio, se solicitaron informes técnicos a institucuones científicas y se emitieron sendos documentos por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en marzo de 2020) y por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, Sección de Biología (en septiembre), además de uno preliminar a petición del Seprona.
Una medida errónea
«De dichos informes se desprende que existían otros métodos menos invasivos que la cloración de las acequias para paliar y/o eliminar los efectos de la contaminación de origen fecal en medios naturales, como un desvío del vertido de modo que no alcanzara la playa o una fuerte dilución», sostiene la Fiscalía, además de advertir de que, al no ser la cloración de las playas una práctica habitual, «no existen parámetros establecidos sobre dicho mecanismo de desinfección para evitar riesgos ambientales o para la salud». También los informes señalan que el programa de cloración en las acequiasfue «una medida errónea y mal implementada» que «no sólo no garantiza la salubridad de las aguas, sino que además añade nuevos riesgos de perjuicio para la salud de las personas y el medio marino», un arfumento que apoya con diversos aspectos técnicos.
Por ello, la Fiscalía propone que se re. Y tamquiera a la Conselleria que aporte los nombres de los miembros de la comisión, el acta de la sesión en la que se decidió la cloración y los informes técnicos en los que se basó la actuación. Y también pide que se solicite a la Epsar que aporte las analíticas y comprobaciones llevadas a cabo para controlar la cloración, o en su caso, indiquen el organismo encargado de las mismas.
