La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ha enterrado para siempre el canon que debía pagar cada año a los Ayuntamientos de Manises y Picassent, en torno a unos 475.000 euros a cada uno, por albergar en sus términos municipales las plantas potabilizadoras propiedad de la Emshi. Y lo ha hecho gracias a una iniciativa emprendida por la presidenta de la entidad, Elisa Valía, de la que dio cuenta ayer durante la asamblea telemática del ente supramunicipal.
Según explicó Valía, hace semanas impulsó una modificación legislativa a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat 2021, en la que se modifica una disposición de la ley de creación de las entidades metropolitanas, como la Emshi y la Emtre. Así, se ha modificado el apartado 3 del epígrafe uno de la disposición adicional única de la Ley 8/2010 de régimen local de la Comunitat Valenciana: «La organización, funcionamiento y régimen económico de la entidad metropolitana son los previstos en la presente ley. Las infraestructuras afectas directa o indirectamente a los servicios públicos de competencia de esta entidad metropolitana, no quedarán sujetas a tasas, precios o cánones que los entes locales puedan imponer por razón de su titularidad, uso, afecciones, actividad o rendimiento. Tampoco quedarán sujetas a subsidios, pagos o compensaciones por externalidad alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones que las leyes sectoriales pudieran establecer».
La propia presidenta de la Emshi justificaba a este diario su iniciativa, explicando que el canon anual a Picassent y Manises, implantado en 2006 por el entonces presidente de la entidad y alcalde manisero, Enrique Crepo, «no estaba incluido en ninguna disposición de la ley, de ahí que en los procesos judiciales tenía una gran parte interpretativa de lo que se acordó en su momento».
Ahora, este asunto «queda regulado por ley» y supone «una solución definitiva para un problema que a la Emshi le costaba mucho dinero». Elisa Valía asegura que «los futuros gobiernos de la entidad no tendrán que enfrentarse en el juzgado por este tema, que supone un desgaste muy fuerte para la cohesión de la Emshi porque todos los municipios ven el canon injusto, excepto las dos poblaciones que lo reciben, que defienden el interés de sus vecinos, pero no bajo el argumento de que las plantas molestan, que todos sabemos de que no».
La modificación de la ley ha sido refrendada por los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), los tres presentes, en tripartito (Manises) o con mayoría socialista (Picassent), en los ejecutivos de los dos municipios que ya no recibirán más el canon en un futuro. «Ya nadie podrá hacer abuso de su cargo de presidente de la Emshi para aplicar este tipo de canon», afirma Valía.
Batalla judicial desde 2011
Cabe recordar que el canon, tras establecerse en 2006, fue eliminado en 2011 en base a un informe de secretaría e intervención de la entidad, en el que se señalaba que en el acuerdo anterior no existió informe jurídico que lo justificara. Manises y Picassent acudieron al juzgado, que les dio la razón obligando a la Emshi a pagar cuatro anualidades, unos dos millones por municipio. En 2017, la asamblea de la entidad aprobó un nuevo concepto compensatorio: un euro al año. Los dos consistorios regresaron a los tribunales, ganando de nuevo los litigios, aunque ninguna de las dos sentencias es firme aún, según confirmó Valía.
