Apenas una semana después de que la Entidad Metropolitana de Servicios Hídricos (Emshi) diera cuenta en su asamblea ordinaria, de que ha tumbado por ley el canon que percibían Manises y Picassent por albergar sus plantas potabilizadoras, el consistorio manisero ha mostrado su postura oficial, en una declaración institucional aprobada por pleno: volverá a los tribunales para defender sus derechos y reclamar la retribución anual de 475.000 euros que percibía cada uno.
Tal como informó este diario, la presidenta de la Emshi, Elisa Valía, impulsó una modificación legislativa a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat 2021, en la que se modifica una disposición de la ley de creación de las entidades metropolitanas, como la Emshi y la Emtre. En ese documento figura ahora lo siguiente: «La organización, funcionamiento y régimen económico de la entidad metropolitana son los previstos en la presente ley. Las infraestructuras afectas directa o indirectamente a los servicios públicos de competencia de esta entidad metropolitana, no quedarán sujetas a tasas, precios o cánones que los entes locales puedan imponer por razón de su titularidad, uso, afecciones, actividad o rendimiento. Tampoco quedarán sujetas a subsidios, pagos o compensaciones por externalidad alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones que las leyes sectoriales pudieran establecer».
Batalla judicial desde 2011
Con esta modificación, la Emshi veta por Ley que tanto Manises como Picassent perciban cada uno un canon anual de 475.000 euros, fijado en 2006, bajo la presidencia de Enrique Crespo, también alcalde de Manises. En 2011, la entidad metropolitana decidió eliminar dicho canon en base a un informe de secretaría e intervención, en el que se señalaba que en el acuerdo de cinco años antes no existió informe jurídico que justificara su aplicación.
Manises y Picassent acudieron al juzgado, que les dio la razón obligando a la Emshi a pagar cuatro anualidades, unos dos millones por municipio. En 2017, ya bajo la presidencia del PSPV, la asamblea de la entidad metropolitana aprobó un nuevo concepto compensatorio para ambas poblaciones: un euro al año. Los dos consistorios regresaron a los tribunales, ganando de nuevo los litigios, aunque ninguna de las dos sentencias es firme por el momento.
Así, en el pleno municipal de este jueves, las seis fuerzas políticas que conforman la corporación manisera respaldaron una moción institucional en la que acuerdan que, tanto Picassent como Manises, contratarán los servicios jurídicos de un especialista en derecho administrativo para que emita un informe que marque la pauta a seguir «para defender las posiciones de los dos municipios afectados», dice el texto. Con ese dictamen, Manises emprenderá acciones legales para tratar de revertir el acuerdo que «priva» a ambos de percibir el canon anual de 475.000 euros por albergar las plantas potabilizadoras en la Presa y el Realón. En este sentido, recuerda que la justicia «siempre nos ha dado la razón, siendo favorables a continuar percibiendo el canon». Cabe señalar que, si bien la moción manisera incluye a Picassent en la hoja de ruta, el consistorio de Conxa García ha puntualizado que ellos no han aprobado nada y que ni si quiera han tenido tiempo de valorar el nuevo escenario.
Malestar con la Generalitat
Además, la corporación de Manises manifiesta en la moción institucional, su «desacuerdo» y «malestar» por la decisión de la Emshi y de la Generalitat Valenciana de retirar el canon a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, mediante una «maniobra legal perpetrada a espaldas de los dos consistorios afectados, que forman parte de la Emshi».
