Más de cien familias alquiladas en un manzana de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Alfafar podrían quedarse en la calle en plena pandemia. Desde el pasado mes de enero, los inquilinos denuncian que están recibiendo cartas donde la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el «banco malo», les anuncia que no se va a proceder a la prórroga del contrato y les da un mes para desalojar los pisos.

Se trata de un bloque de seis fincas de 25 viviendas protegigas de la Generalitat Valenciana, construidas en 2009 en régimen de alquiler para 25 años, situadas en la calle Doctor Fleming. Desde 2009, estaban gestionadas por la inmobiliaria especializada en pisos de alquiler social Crein pero, debido a sus problemas financieros, en verano de 2020 pasaron a pertenecer a la Sareb, que asumió la gestión de contratos. Ahí empezaron los problemas, que culminaron este mes con la llegada de las primeras cartas de desalojo.

«La forma de proceder es totalmente irregular. Algunos recibieron una carta y otros un burofax, y encima solo nos dan un mes para dejar la vivienda. ¿Dónde vamos a ir en plena pandemia? Aquí hay muchas familia mayores y dependientes», señala una de las afectadas.

Una de esas familias que ya ha recibido la carta es una pareja de ancianos (la mujer va en silla de ruedas) que tiene a su cargo a un hijo con una discapacidad psíquica. « Nos estamos organizando todos los vecinos, para aunar fuerzas, información y ayudas. Debido al estado de alarma y económico a nivel mundial, muchos de los aquí alquilados, vamos a tener serios problemas de encontrar otra vivienda. La mayoría llevamos años aquí, incluso casi una década. Empadronados, pagando impuestos, haciendo vida en el pueblo, del cual no nos gustaría marchar», lamentan.

El grupo de personas afectadas está pagando en la actualidad una mensualidad media de 460 euros (397 euros, que es el máximo establecidos para alquiler en VPO, más unos 60 euros de gastos de comunidad e impuestos). «Un precio que no vamos a poder encontrar en otro tipo de vivienda aquí en Alfafar, a lo que se une que, debido a la situación actual, muchos nos hemos quedado sin trabajo o estamos en ERTE», explica una de las vecinas.

Además, los inquilinos denuncian el oscurantismo de la gestión de Sareb. «Hemos tenido problemas incluso para saber dónde hay que pagar la mensualidad y llevamos meses con la puerta del garaje estropeada porque llevan seis meses sin pagar al administrador», explican.

Suelo público de Alfafar

Una denuncia que han transmitido al Ayuntamiento de Alfafar, que se ha puesto a trabajar con su servicio jurídico externo el Rogle, especializado en desahucios, para poder encontrar una solución y evitar que las famlias queden en la calle.

Este caso es especial porque las viviendas están construidas en suelo público de Alfafar y su edificación se llevó a cargo por parte de la Generalitat Valenciana, que le cedió posteriormente la gestión a la inmobiliaria Crein. «Si la Sareb se ha hecho cargo ahora de la gestión, se presupone que tiene que asumir el convenio con la Generalitat Valenciana y está claro que no lo está haciendo. Estamos intentando recopilar todos los datos para ver cómo podemos solucionar esta situación», señala el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.