Paterna desoye a Antifraude y no revisará el salario de la tránsfuga

La Agencia Valenciana Antifraude ha resuelto la investigación abierta por las retribuciones que percibió durante dos años una concejala no adscrita de Paterna, tras abandonar el PP. El organismo autonómico hace constar en su memoria 2020 que el consistorio ha incumplido sus recomendaciones, que pasaban por una revisión de oficio del proceso.

En junio de 2017, M.ª Ángeles Salvador dejó el PP y pasó al grupo de no adscritos. En ese momento, la regidora tenía una dedicación de 32.197 euros anuales. Tras su renuncia, Secretaría emitió un informe en el que advertía al alcalde Juan Antonio Sagredo de que había retirado una de las dedicaciones concedidas al PP pasándola a la tránsfuga. Secretaria y oficial mayor concluían que los tránsfugas «no podrían disfrutar de dedicación bajo la órbita de ningún grupo municipal».

La edila, hoy asesora de Protocolo en alcaldía, siguió percibiendo el salario, pese a que Intervención insistió en sus reparos, incluso planteando que debería reintegrar las retribuciones. En diciembre de 2017, Sagredo firmaba un decreto en el que «regularizaba» la situación, con el argumento de que la edila no lograba un lucro económico al dejar el PP, ya que «persiste exactamente la misma condición económica».

Secretaría recordó los reparos, aseverando que la asignación mediante el decreto es «una nueva dedicación, distinta» a la que percibía en el PP, y la actual «exige una motivación» y «deben justificarse los emolumentos en atención a tareas cuyo desempeño se le atribuye ahora». Por ello, la concejala «debió perder la dedicación» al pasar a no adscritos.

Fiscalía y Tribunal de Cuentas

Una denuncia anónima llevó el caso a la Fiscalía y a la Agencia Antifraude. La primera tuvo su recorrido, aunque finalmente fue archivada. En cambio, la Agencia Antifraude sí detectó «irregularidades». En su escrito, señala que en el pleno de julio de 2015 «no se contempla la posibilidad de que un concejal no adscrito ostente dedicación exclusiva». Y si bien admite que Salvador no vio incrementados sus derechos, Antifraude concluye que «debió perder la dedicación, puesto que se acordó por estar vinculada al PP» y recuerda lo que apuntó el Teniente Fiscal del Tribunal de Cuentas: «la regidora dejó de tener derecho a la percepción de las cantidades desde que abandonó el grupo al que pertenecía».

Respecto al decreto del alcalde para regularizar la situación, aseguraba que «no había supuestos de hechos necesarios» para retrotraer la eficacia del acto, «suponiendo, una irregularidad incardinable en la nulidad, ya que ni pertenecía a los grupos acordados en 2015 ni ostentaba responsabilidades». Por tanto, recomienda revisar de oficio el decreto, esto es, que Salvador devolviera lo cobrado.

«Perjuicio injustificado»

El consistorio presentó alegaciones, en las que defiende que el Tribunal de Cuentas acreditó que «no se retribuyó a más concejales del permitido» y recalca que la edila «vino ejerciendo sus funciones» de junio a diciembre de 2017 en plenos y comisiones. Por tanto, «nos impide adoptar la medida propuesta -la revisión de oficio- ya que supondría la pérdida de los derechos económicos de la concejala, cuando desarrolló su función». Esto «supondría un perjuicio injustificado para la afectada que, habiendo cumplido con sus funciones, se vería con la obligación de devolver sus retribuciones que fueron legitimante abonadas». E E0 El consistorio afirma que «concurren razones justificadas que impiden adoptar la media propuesta».

Antifraude resuelve ahora el expediente haciendo constar el «incumplimiento» de Paterna por no aceptar la aplicación de sus recomendaciones.

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