La alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, ha acudido esta mañana a los juzgados de Massamagrell, donde estaba citada a declarar como investigada por un posible delito de prevaricación. En torno a las 9,15 horas, la dirigente socialista se ha presentado en las instalaciones judiciales, con una carpeta bajo el brazo, para responder a las preguntas del juez.
El caso se remonta a hace un año cuando Partido Popular y Ciudadanos llevaron hasta la Fiscalía Anticorrpción una denuncia contra Luisa Salvador, María Ángeles Beltrán y Marc Oriola, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. Tanto PP como CS señalaban en la denuncia que la revocación de la comisión de servicio de la interventora municipal se produjo tras informar la alta funcionaria de una irregularidad en el pago a un trabajador «por productividades que no se justificaban», lo que podía ser un delito, por lo que se pedía que se devolviera el dinero. Ambos grupos aseguran que la alcaldesa presionó a la funcionaria para que cambiar su informe antes del pleno y que días después el gobierno local le comunicó que no renovaban su comisión de servicios.
Los informes de la interventora se revelaron meses antes, concretamente en el pleno de noviembre, donde la misma habilitada nacional intervino para dar cuenta de lo que había detectado. Así, informó del «abono de horas extraordinarias, gratificaciones y productividades de una forma irregular, en ocasiones sin justificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establece la ley».
La ilegalidad detectada correspondiente al ejercicio 2018. La interventora detalló que aleatoriamente había analizado 213 nóminas de 56 empleados. Con todos los datos recabamos, emitió un informe de carácter provisional con fecha de 12 de septiembre, dando el correspondiente plazo de diez días para que el departamento de Personal aportara alegaciones. El 12 de noviembre, dos meses después, las conclusiones pasaron a ser definitivas, sin que recibiera documento alguno, según la habilitada nacional.
Después de su intervención, el consistorio decidió no renovar la comisión de servicios solicitada por la interventora, negativa que tanto PP como Cs atribuyeron « un acto de evidente falta de responsabilidad política, haciendo recaer sobre la interventora la nefasta y negligente gestión del personal por el equipo de gobierno». Posteriormente, en su denuncia, PP y Cs revelaron que «se presionó a la funcionaria para que cambiar su informe antes del pleno y, al negarse ella a hacerlo, se dio una versión diferente en la sesión plenaria», actitud que, según los denunciantes, fue el motivo por el que no se le renovó la comisión días después del pleno.
«Querían hacer una ilegalidad»
Es más, el PP aseguraba que se citó a la interventora para comunicarle que no continuaría en su puesto, porque «había dicho en muchas ocasiones que debía expresar las conclusiones de sus informes de otra manera. En concreto que debía de tener más cintura, y que no quería que continuara trabajando en el Ayuntamiento», recoge la denuncia. En este sentido, la interventora comunicó que «lo que pretendían hacer era una ilegalidad y pese a ello la alcaldesa reiteró que iban a revocar el decreto en el que prestaban su conformidad a la comisión de servicios».
La alcaldesa Salvador dijo entonces que la Interventora estuvo en el puesto seis años «cuando el máximo son dos» y que no la renovaron por miedo a una sentencia como la que se produjo ese mimo año en la diputación por un caso similar.
