Las resoluciones judiciales que ordenan desalojos de viviendas se siguen produciendo, casi cada semana, en l’Horta, a pesar del decreto 2/2021 aprobado por el Gobierno, que dictamina la prohibición de dejar sin solución habitacional a personas en situación de vulnerabilidad durante la vigencia del Estado de Alarma, y también de las actuaciones que ayuntamientos, juristas en defensa de las personas afectadas y colectivos como la PAH desarrollan .

Uno de los últimos casos es el de María, de 33 años y sus dos hijas de 16 y 6 años, que se pueden quedar en la calle mañana si no se paraliza el desahucio de su casa alquilada en Xirivella, ordenado por un juzgado de Mislata. Una situación de vulnerabilidad que han reconocido los Servicios Sociales del ayuntamiento, que han emitido un requerimiento pidiendo la paralización hasta encontrar una solución habitacional. De hecho, el propio consistorio se compromete a buscarle otra vivienda y ayudarle a pagar la entrada.

La situación de María difiere de la mayoría de casos. Trabajadora en una agencia de seguros como autónoma, la paralización de su actividad laboral en el confinamiento impidió que pudiera abonar tres meses de alquiler a un particular, de abril a junio. Pasado el confinamiento, siguió pagando sus mensualidades y pidió una cadencia para abonar la deuda que le fue rechazada por el propietario, quien acudió al juzgado.

Pese a que había abonado en septiembre la mitad de la deuda, el juez, en sentencia de 11 de noviembre de 2020, decretó el desahucio para el 14 de diciembre cuando María solo adeudaba 750 euros, por considerar que la demora en el pago es suficiente. Juez que también dictaminó el pago de las costas que triplican la deuda.

María consiguió aplazar el desahucio al 4 de febrero y ese día encontró en su casa una notificación del juzgado, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, en la que se dice que el dueño ha facilitado las llaves para entrar y le dan 10 días para irse. Plazo que se cumple mañana jueves, pese a que María ya ha abonado la deuda y sigue sus pagos mensuales.

«No puedo quedarme en la calle con mis dos hijas y más en pandemia. No tengo donde ir. Además, pago el alquiler todos los meses y ya no tengo deuda pendiente», se lamenta María, que considera «poco habitual» que una persona del juzgado haya podido entrar en su casa sin su consentimiento aprovechando que ellas no estaban.