El Ayuntamiento de Aldaia tendrá que desembolsar 1,4 millones de euros y abonarlos a una firma farmacéutica en concepto de indemnización, por haberle denegado la licencia en el año 2006 para abrir un laboratorio en pleno casco urbano. El último intento del consistorio para evitar este elevado pago no ha prosperado: el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo que planteó la institución local, después de un largo proceso administrativo y judicial por este asunto.
En concreto, el TC acuerda no admitir el recurso a trámite «por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que como condición» requiere la legislación.
El consistorio denegó la licencia en 2006 porque los informes técnicos municipales eran contrarios, al tratarse de una actividad que se estimó que debería estar en un polígono industrial. La firma fue a los tribunales y ganó pero entre 2014 y 2015 el juzgado tuvo que enviar hasta tres requerimientos para que se ejecutara. Cuando obtuvo el permiso, la firma no lo utilizó nunca sino que planteó una reclamación patrimonial por víajudicial, que acabó con la imposición a Aldaia de un pago de 1,4 millones.
El asunto provocó hace meses una comisión de investigación a instancias municipales y un fuerte cruce de acusaciones, especialmente entre el PSPV y el PP, cuyos gobiernos han gestionado el expediente end iversas etapas.
Ahora, fuentes del gobierno local afirman que «no se va a tirar la toalla» y se estudia acudir al Tribunal Europeo plantear una reclamación patrimonial a la administración, para lo que «se aceptan las propuestas de la oposición ya que algunos son juristas».
Compromís recurre el pago al despacho jurídico
La coalición Compromís per Aldaia ha presentado un recurso de reposición al pago de 36.000 euros por una factura al despacho jurídico que se ha encargado del caso, dentro de un contrato por 80.000.El edil LLuís AlbertGranell alega que ya existía otro contrato con un despacho distinto previo y que no ha habido procedimiento administrativo como un pliego y el estudio de tres ofertas en una mesa. Por ello, considera que se ha de anular la factura y el contrato pero, dado que el equipo jurídico en cuestión ha realizado el trabajo, tendría tramitarse a través el pago a través de un proceso de reclamación patrimoal emprendido por el afectado.
