La historia se repite en l’Horta. De nuevo la Sareb, más conocidacomo «banco malo», tras quedarse una finca de un promotor inmobiliario en quiebra, está mandando misivas a las familias inquilinos para informarles de que no se les va a renovar el contrato y, por tanto, tienen que abandonar la vivienda. Una medida que afecta a 29 familias, según datos de la Sareb, la mayoría con menores, residentes en la calle els Ports, número 5 de Puçol.
Todo comenzó este verano cuando la promotora quebró y La Sareb se hizo con la propiedad, cambio que les fue anunciado a los inquilinos a través de una carta, donde se les indicaba un nuevo número de cuenta para ingresar el pago mensual.
Y ahí ya empezaron los problemas. «Me enviaban cartas diciéndome que debía tanto dinero cuando yo pagaba religiosamente todos los meses. Menos mal que al final demostré los pagos, pero hay un descontrol total», señala una de las vecinas, con una niña, que aún no ha recibido la carta de desalojo porque su contrato de alquiler espira en agosto.
Entre los nueve vecinos que, según la Sareb, sí han recibido la carta se encuentra una sexageneria, que lleva viviendo en esa casa siete años. En la misiva, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se le indica que el contrato que firmó en 2014 acaba el 31 de mayo «fecha en la cual deberá dejar libre el inmueble. En caso de no realizar entrega de las llaves en el plazo señalado, se le seguirán girando las rentas que se devenguen hasta la efectiva devolución de la posesión a la propietaria, lo que no dará lugar a prórroga alguna ni tácita reconducción».
«Aquí estoy pagando 365 euros por una vivienda de tres habitaciones, una buena casa para mi hija y todo lo que estoy buscando para mudarme no baja de 500 euros y muchos sin ascensor; es algo que no puedo pagar», señala otra arrendataria, quien está intentando movilizar al resto de residentes en busca de soluciones.
Pese a que el Consell aprobó un decreto que prohíbe dejar en la calle a personas durante el estado de alarma sin una alternativa habitacional, en este caso la Sareb defiende que no es aplicable la norma puesto que no se ha certificado ninguna condición de vulnerabilidad, como así conforma el Ayuntamiento de Pujol. «Desde Servicios Sociales no tenemos ningún seguimiento ni ninguna notificación de vecinos de esa finca», señalan fuentes municipales. Sin embargo, el consistorio afirma que si fuera necesario, dispone de «un departamento jurídico disponible para este tipo de casos, aunque de momento no ha sido requerido».
Este caso se suma al de los pisos de Torrent y Alfafar, que afecta a más de 200 familias. A diferencia de Puçol, se trata de viviendas de alquiler VPO y ,por tanto ,se está llegando a una solución habitacional entre la conselleria, la Sareb y los ayuntamientos.
