Las familias residentes en la finca de la calle els Ports de Puçol, afectadas por la carta de desalojo enviada por la Sareb, tras anunciarles la no renovación del contrato de alquiler, empiezan a ver la luz al final de túnel después de que la Generalitat Valenciana, a través de su Conselleria de Vivienda, tomara cartas en el asunto. La institución ha convocado reuniones tanto con la Sareb, como con el ayuntamiento, la PAH y los vecinos para encontraruna solución habitacional a estas 30 familias, la mayoría con menores a su cargo.

Siguiendo los modelos de Alfafar y Torrent, donde la Sareb actuó de las misma forma con cerca de 200 familias, la conselleria quiere aplicar las medidas que se pactaron hace unos días con el «banco malo», tal y como afirma el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez.

«Estamos trabajando con una carta que le llegó a una vecina de Puçol el 5 de febrero desde la oficina de Haya. Justo 10 días después, mantuvimos una reunión con Sareb para tratar el tema de las cartas en Torrent, Alfafar y Riba-Roja y establecimos una dinámica de colaboración de trabajo que implicaba a los futuros casos que se pudieran dar en la geografía valenciana, y el de Puçol es uno de estos casos», certifica.

Ese nuevo procedimiento consta de varias propuestas de solución. La primera y más inmediata es prorrogar el contrato hasta un máximo de seis meses aplicando el decreto durante el estado de alarma. Después hay varias alternativas, en función de los ingresos de lo inquilinos afectados; una es la compra de la vivienda, otra establecer un alquiler con opción a compra y, en el caso de inquilinos sin recursos, se da la opción de un alquiler social cediendo el uso del inmueble en el que viven al ayuntamiento.

«El secretario autonómico y yo nos hemos emplazado a una reunión pero desde el consistorio nos prestamos a colaborar en lo que fuera necesario para que nadie se quede en la calle», señala la alcaldesa Paz Carceller.