Durante 2020 se ha producido un freno en el número de denuncias por delitos de violencia de género en l’Horta, con 3.213 casos, 542 menos que el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Una estadística que no refleja el día a día según aseguran las distintas agentes implicadas en el apoyo de las víctimas, que defienden que durante el año pasado se han recibido más llamadas al 016 y otros números de atención pero que han sido menos las que han dado el paso para denunciar probablemente por las dificultades económicas y el aislamiento producidos a causa de la pandemia.
Muchas de esas denuncias se quedan por el camino a causa de «un sistema judicial patriarcal», según denuncian desde el movimiento feminista, por la falta de formación específica en perspectiva de género dela judicatura y la abogacía y también por el alargamiento de los procesos.
En Burjassot, nadie mejor que la responsable de Viogen (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) para saber las dificultades por las que atraviesan las víctimas. «Algunas de ellas llevan más de dos años y medio con medidas cautelares a falta de sentencia desde que pusieron la denuncia», señala la responsable que actualmente gestiona 13 casos, el 20% del total.
Cándida Barroso fue durante muchos años policía encargada de la formación sobre violencia de género en Paterna. «Viogen es relativamente reciente. En los 90 los agentes no teníamos ningún tipo de formación», señala. Una formación que esta activista feminista reclama en el estamento judicial. «El Colegio de Abogados de Valencia no firmó el Pacto valenciano contra la violencia machista. ¿Por qué?, porque ese pacto implicaba recibir formación», recuerda. Para Barroso, solo la formación específica de letrados y jueces «da garantías a las víctimas de que van a recibir un juicio justo, porque este tipo de delitos no se parece a ningún otro», señala.
Más dura se muestra Celia Chofre, de la Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella, que afirma que el actual sistema judicial «da alas a los violadores con algunas sentencias como la de Manresa, que consideran abuso y no violación». «Revictimizan a las víctimas haciéndolas declarar un gran número de veces para que revivan su dolor, es denigrante», critica.
Pero esa formación específica en perspectiva de género no solo se debe dar en el estamento judicial sino en todos aquellos que participen en el proceso de atención de las víctimas de violencia de género. «Cuando derivamos a una mujer al SEPE o al Labora o para solicitar cualquier tipo de ayuda, necesitamos un informe y es muy importante que esa persona esté formada específicamente para que la atención sea de calidad», señala Trini Moreno, vicepresidente de la Asociación de Agentes de Igualdad y agente en Xirivella.
