El último pleno de Rocafort vivió, durante el turno de ruegos y preguntas, un tenso cara a cara entre el concejal socialista Rafael Ferrando y el alcalde Guillermo José. El detonante fueron las revelaciones que ofreció el edil del PSOE sobre un expediente referente a una licencia de obras solicitada por un cargo de confianza del alcalde y sobre el que no habría abonado el correspondiente impuesto. Ferrando añadió que un familiar de la asesora estaría en la misma situación. El alcalde instó al socialista a acudir al juzgado.
Según las explicaciones dadas por Ferrando, en el informe de Intervención correspondiente al ejercicio 2019, el interventor realizó un muestreo de diferentes departamentos municipales. En este sentido, respecto al impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el informe explica que durante el mencionado año el consistorio tramitó más de un centenar de licencias urbanísticas. El problema, según Intervención, es que Urbanismo no realiza la comprobación posterior del coste de las obras para practicar la liquidación definitiva. Esta cuestión ya fue advertida en 2018, sin que el ayuntamiento tomara medidas un año después.
Además, el interventor municipal revela sobre un expediente en cuestión que no consta el ingreso de la autoliquidación por valor de 13.390 euros de unas obras. En este sentido, alerta que pese a que no se abonó el ICIO, Urbanismo tramitó el expediente y concedió la licencia urbanística. Por ello, insta a revisar todos los expedientes del ejercicio 2019 para que se verifique que no se hayan tramitado licencias sin haber cobrado la autoliquidación.
Fue tras hacerse público dicho informe de Intervención, tal como reveló Rafael Ferrando en el pleno, cuando los socialistas solicitaron los expedientes que no habían abonado el ICIO en 2019. «Solo hay dos, el de un cargo de confianza del alcalde y el de un familiar de esta», dijo en la sesión plenaria telemática, hecho que calificó de «chocante». Entre los dos expedientes suman unos 28.000 euros en impuestos.
«A los vecinos sí les requieren»
El concejal recordó que a «los vecinos que no pagan el ICIO, se le requiere para que lo subsanen antes de concederles la licencia, hecho que no ocurrió con este expediente», que tildó de «tramitación irregular». Además, preguntó al alcalde «cómo es posible que dicho expediente pasara todos los filtros de los departamentos hasta ser aprobado por la Junta de Gobierno sin abonar el ICIO». Por último, indicó que el pasado 10 de febrero el interventor emitió otro informe en el que instaba a cobrar el impuesto a los solicitantes de ambos expedientes, pero «a día de hoy no consta que el ayuntamiento ha hecho tal requerimiento».
El alcalde derivó en un principio las respuestas en la concejala de Urbanismo, Susana Martínez, que únicamente avanzó que se solicitarán los informes pertinentes para esclarecer lo ocurrido. Ante tan laxa respuesta para la envergadura de las preguntas, Guillermo José tomó la palabra y criticó que Ferrando «me ha acusado de algo muy grave. No puede decir una barbaridad así, ya que usted tiene derecho a cierta información, pero que no es pública. Si hay algo mal se va a los tribunales, que para eso están, y no el pleno para hacer demagogia».
Así, afirmó que «en cuanto tengo conocimiento del caso pido un informe a los responsables de los departamentos para saber qué ha ocurrido y que atribuyen ‘a un error administrativo’». El alcalde insistió en que «a mi no me van a pillar» y aludió a enigmático «sempre parla qui més té que callar». Por último, aseguró que «ni voy a dimitir yo ni el personal de confianza porque no considero que haya hecho algo ilegal» y volvió animar a Ferrando a ir«al juzgado, que si hay algo, como mucho será una infracción administrativa, y de ahí a lo que usted está afirmando va un trecho».
El alcalde explica a este diario que tanto su asesora como el familiar han renunciado a la licencia para encargar otro poryecto, no por el informe del interventor.
