El gobierno local de Aldaia ha abierto un expediente disciplinario a un histórico funcionario después de recibir diversas quejas de trabajadoras municipales por su comportamiento en las dependencias públicas. Aunque fuentes oficiales indican que «todavía no se pueden establecer los hechos hasta que no se investiguen rigurosamente», otras personas relacionadas con el caso han confirmado que las denuncias que han formulado las empleadas sobre el funcionario son por «acciones de presunto acoso sexual».
Las quejas se han ido produciendo en las últimaen el ayuntamiento por lo que el jueves el ejecutivo local tomó la decisión de, abrir el expediente disciplinario a este funcionario, así como nombrar a los habilitados nacionales como instructores de la investigación que se tendrá que llevar a cabo. De forma paralela y «por la naturaleza de los hechos», se ordenó al denunciado que realizara sus funciones a través del teletrabajo mientras dure la investigación y se resuelva el expediente, de forma que esté apartado del lugar al que acude habitualmente en el consistorio.
También diversas fuentes han explicado que el gobierno local informó telefónicamente a los portavoces de los distintos grupos de la oposición (Partido Popular, Ciudadanos y Compromís) sobre el asunto el mismo jueves, para que fueran conocedores de los pasos que se van a dar desde el primer momento aunque se ofrecieron los detalles mínimos del caso en las comunicaciones. Algunos de ellos pidieron que se investiguen los hechos a fondo o demandaron más información.
Desde el ayuntamiento se explica que la institución dispone de un protocolo contra el acoso sexual laboral para este tipo de casos aunque aún no se ha puesto en marcha ya que la primera medida ha sido abrir el expediente disciplinario. Ahora tendrán que explicar los hechos ante los instructores las personas que han denunciado y alegar el funcionario al que se ha expedientado.
Una vez pase esta fase, con los plazos que establece la legislación, se resolverá y, en función de las conclusiones, se adoptarían otras medidas complementarias (administrativas o judiciales) si son necesarias.
