La Inspección de Trabajo dependiente de la Seguridad Social ha sancionado nuevamente al Ayuntamiento de Torrent por prácticas ilegales en materia de personal. En este caso se trata de la situación laboral de 2 psicólogas, 1 trabajadora social y 1 educador social pertenecientes a la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.
Las irregularidades fueron detectadas el 14 de octubre de 2020, cuando la inspección de trabajo visitó las dependencias de Bienestar Social y Políticas de Solidaridad del Ayuntamiento de Torrent para controlar sus condiciones laborales.
La Inspección relata en su informe que estas irregularidades se vienen produciendo “al menos desde el año 2005”, afectando por lo tanto 3 legislaturas de gobierno del PSOE y 2 del PP, donde se ha obligado estas 4 trabajadoras a ejercer sus funciones como personal técnico municipal, pero percibiendo unos salarios manifiestamente inferiores a los del resto de trabajadores del Ayuntamiento.
La Inspección ha calificado esta situación como “una cesión ilegal de trabajadores, una relación laboral prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores”, situación que era conocida tanto por los diferentes responsables municipales del área de personal como por los propios Alcaldes y Alcaldesas de Torrent a largo de los últimos 16 años.
No es la primera vez que suceden estos hechos, recientemente el Ayuntamiento de Torrent fue también inspeccionado en el caso de las 3 becarias que llevaban ejerciendo tareas en el gabinete de prensa durante 6 años consecutivos, una situación que también fue tipificada como ilegal por la autoridad en materia laboral, además de impedir que otros jóvenes de Torrent pudieran acceder a este tipo de prácticas laborales. Después de esta inspección una de las becarias abandonó el Ayuntamiento de Torrent y se trasladó a Benetússer para trabajar en calidad de personal de confianza para la Alcaldía, también presidida por el PSOE.
Desde Compromís per Torrent, su portavoz Pau Alabajos ha anunciado que propondrán en breve la creación de una nueva comisión de investigación; “la anterior fue travestida por el gobierno de Ros, que cambió nuestra propuesta de que la presidiera el grupo demandante, y aplicando su mayoría absoluta con Cs consiguió que el presidente fuera el propio regidor de personal que tenía que ser investigado; una comisión que según Ros duraría solo un mes y de la cual no tenemos ninguna noticia sobre que se haya emitido ningún dictamen, resolución o conclusión alguna”, ha concluido Alabajos.
