La asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) ha aprobado habilitar un crédito de cerca de 2,2 millones de euros para pagar la sentencia firme de octubre de 2020 por la que un tribunal (el TSJ) volvía a decir que el Ayuntamiento de Picassent tiene derecho a percibir un canon por albergar en su término una planta potabilizadora. El asunto, no obstante, salió adelante con los votos de Compromís, el Partido Popular y Ciudadanos, y los representantes de los consistorios de Picassent y Manises, mientras que el PSPV, que tiene la presidencia y había propuesto en punto en el orden del día, votó abstención, por el nuevo rifirrafe que se produjo en sus filas durante la sesión.
Y es que en la asamblea se votaban tres puntos que tienen que ver con el canon que, desde hace años enfrenta a los ayuntamientos de Picassent y Manises con la Emshi. Aprobado en 2006 a instancias del entonces presidente de la institución metropolitana, Enrique Crespo (actualmente cumpliendo condena por el caso de la depuradora Emarsa), este pago anual a los dos consistorios, de cerca de medio millón de euros a cada uno, fue suprimido después, pero la justicia anuló el proceso en 2016, a raíz de sendos recursos de los ayuntamientos. Posteriormente la Emshi presupuestó un euro en concepto de canon y Picassent y Manises volvieron a recurrir, obteniendo el primero, por el momento otra sentencia favorable del TSJ en octubre pasado. Para evitar los pagos futuros, la Emshi coló en las leyes de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2021 la prohibición de pagar estos cánones a partir de este ejercicio. Un argumento que no comparten los dos ayuntamientos afectados con las sentencias en la mano. Y de ahí el enfrentamiento que se reproduce en cada pleno de la Emshi.
En esta ocasión, se votaba la «la supresión del subsidio de compensación por externalidades negativas a las plantas potabilizadoras de Manises y Picassent por imperativo legal con efectos de 1 de enero de 2021», punto que salió adelante con los votos de todos excepto de Picassent y Manises.
No obstante, la polémica se generó en el que abordaba la «aprobación de cumplimiento y ejecución» de la sentencia del TSJCV «relativa al subsidio de compensación» por la potabilizadora a Picassent. En el acuerdo se establecía el pago desde 2017 a 2020, que se eleva a dos millones de euros.
La alcaldesa socialista de Picassent, Conxa García, como ya había hecho en la comisión, esgrimió que la sentencia no limita el pago hasta 2020 sino que establece la obligatoriedad de este canon mientras que mantengan las «externalidades». Por ello, pidió que se retirara un párrafo del texto para votar a favor. Como no lo logró, votó en contra.
Por su parte, el portavoz del PSPV, Ramón Marí, también alcalde de Albal, volvió a recordar que el canon «se lo inventó un delincuente (en referencia a Crespo)» y «no se puede mantener indefinidamente el error que se cometió al aprobarlo» por unanimidad. «No puede ser que mi pueblo tenga que pagar para que Picassent y manises se gasten el dinero en toros», critica Marí.
Al anunciar Picassent y Manises el voto el contra, el PSPV decidió abstenerse por lo que, para sorpresa del resto, el cumplimiento de la sentencia tuvo que salir adelante con los votos del Partido Popular, Compromís y Ciudadanos, al igual que la habilitación del crédito. El grupo popular ha criticado que «las rencillas internas del PSOE acabarán llevando a un problema jurídico a la Emshi».
