La exalcaldesa de Puçol, Mercedes Sanchis (PP), se sentó ayer en el banquillo acusada de un delito de prevaricación. El fiscal solicita su inhabilitación (ya no está en política) y una responsabilidad civil de unos 200.000 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia.
El caso se remonta a 2012. Sanchis, entonces alcaldesa de Puçol, firmó un expediente de sanción a la empresa Dulce Hola por los daños causados por unos vertidos en el alcantarillado municipal, dando audiencia a la mercantil para que presentara alegaciones. Tras recibir los argumentos de la empresa, Sanchis ya no firmó el requerimiento a la empresa del abono de los 200.000 euros que costaba la subsanación y el expediente acabó caducando, con lo que el gasto de la reparación corrió por cuenta municipal. Tras la llegada del nacionalista Enric Esteve a la alcaldía (2015) se detectó lo sucedido con el expediente y el caso acabó en fiscalía. De ahí, en el juicio oral celebrado ayer.
Mercedes Sanchis aseguró ante el juez: «todo lo que me pasaban para firmar, se firmaba» y «si tenía dudas respecto a un expediente concreto, pedía al secretario que me lo aclarara». La exdirigente del PP recuerda que visitó la empresa Dulce Hola para comunicarles la sanción y se reunió con su dirección por ese asunto. Ya no tuvo más contactos y ayer negó tener una relación de amistad con ellos.
Ante la pregunta, como afirman las técnicas, de si se negó a firmar expresamente el requerimiento, Sanchis fue tajante. «Eso no es cierto. Yo firme el primer expediente y después de eso no supe nada más. Si me hubiera llegado ese en concreto, lo hubiera firmado», declaró. También reconoció que no volvió a interesarse por su estado y recorrido, pese al montante del requerimiento, pero negó que quisiera que no avanzara su tramitación por los problemas económicos que causaría a la empresa ni porque quisiera beneficiarlos. «Nadie me advirtió de que estaba sin firmar», indicó.
Dos expedientes a la funcionaria
La exalcaldesa reveló que a la técnico que la acusa de no haber querido firmar el requerimiento «se le han abierto» durante estos años «dos expedientes disciplinarios» por errores en la tramitación de otros expedientes.
Las explicaciones dadas por Mercedes Sanchis fueron totalmente opuestas a las que dieron la TAG de Medio Ambiente y una administrativo. La primera explicó que después de que Sanchis «no firmara el requerimiento» se lo trasladó a su jefa de servicio y al secretario. La técnica dijo que su compañera «subió en varias ocasiones a alcaldía para que firmara el expediente, pero no lo hizo», por «los problemas que causaría a la empresa, como aparecía en las alegaciones». La funcionaria sí coincidió con Sanchis al reconocer que no se interesó por el futuro del expediente, que calificó de «anómalo». «No he visto nada así en 20 años que llevo en Puçol», recalcó.
Por su parte, la administrativa relató que subió la carpeta del expediente, junto con otros más, a la secretaria de alcaldía para que Mercedes Sanchis los firmara. «Me devolvieron la carpeta sin la firma del expediente de Dulce Hola. A veces, por error o descuido, pasa, y entonces lo volví a subir a alcaldía, y nuevamente me lo retornaron sin firmar. Al final, informé a la secretaria de que el expediente no se había firmado y me contestó que alcaldía no lo iba a firmar», declaró la funcionaria. Sobre la diligencia que redactó, un folio con tres líneas y su firma, alertando de la falta de rúbrica, defendió que «no era el cierre del expediente sino hacer costar esa anomalía». «Nunca se habló de cerrarlo porque no estaba concluido», dijo.
Otro desmentido
La secretaria de la exalcaldesa afirmó que ella era la encargada de entregarle todos los expedientes a Sanchis para su firma. «Siempre comprobaba que todo estaba firmado y ese expediente en cuestión nunca llegó», declaró. Además negó que la administrativa subiera a decirle que no estaban rubricado. «Jamás le dije que la alcaldesa no quería firmarlo», aseguró. El secretario municipal, por su parte, testificó que nadie le dijo «la alcaldesa no quiere firmar», aunque a la pregunta de si la TAG le comentó que Sanchis no lo había firmado contestó: «No me acuerdo».
Conclusión de las partes
El fiscal concluyó que «hay pruebas de cargo suficientes» para condenar a Sanchis por un delito de prevaricación, ya que el expediente «no tuvo el final adecuado por la falta de firma de la alcaldesa», que «tampoco se interesó después, como representante público, del final del expediente pese al perjuicio para todos los ciudadanos». Además, destacó las declaraciones de las dos funcionarias «que no tienen un móvil espurio» en este caso. Por su parte, Vicente Ibor, de la defensa, pidió la absolución al «no quedar claro» porque no se firmó y resaltando la versión de Sanchis y su secretaria frente a «la actuación negligente de la técnico, que acabó en un falso cierre del expediente y su caducidad».
