El juzgado de lo contencioso administrativo N7 de València ha anulado por ser contrario a derecho, el decreto firmado por la alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, en diciembre de 2019, por el que revocaba la comisión de servicios de la interventora municipal.
Tal como relata la magistrada en su sentencia, la intervendora solicitó en novienbre la ocupación del puesto de interventora del Ayuntamiento del Puig durante un año prorrogable a otro más, siendo aceptado vía decreto de alcaldía. El consistorio de Rafelbunyol dio luz verde a la tramitación. Con la aceptación de ambas administraciones, la interventora pidió su nombramiento ante el órgano competente de la Generalitat, con fecha 5 de diciembre.
Ese mismo día se le notificaba mediante un nuevo decreto, con fecha 4 de diciembre, que se revocaba el decreto de noviembre en el que se aceptaba su petición. La demandante argumenta en su recurso de reposición primero, y contencioso después, que le fue revocaba la petición después de su intervención en el pleno de noviembre para dar cuenta de un informe que desgranaba las irregularidades económicas detectadas, concretamente el pago de 4.244 euros de manera indebida a un trabajador, documento que «se negó a modificar a pesar de habérselo solicitado la alcaldesa».
En este sentido, la interventora sostiene que los decretos firmados por Salvador son «nulos de pleno derecho por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
La jueza determina en su fallo que no existe motivación que justifique la actuación recurrida, que es invalidar el decreto anterior, circunstancia que solo puede producirse con un procedimiento de revisión de oficio o de lesividad. Por tanto, la magistrada estima parcialmente el recurso de la interventora, condenando al ayuntamiento a continuar el expediente en el momento justo anterior al decreto anulado.
El PP calificó ayer la sentencia de «nuevo varapalo judicial» al equipo de gobierno socialista y señalan que los tribunales «ratifican» lo que denunciaron en su momento los populares. Cabe recordar que PP y Cs llevaron a Fiscalía esta actuación y la alcaldesa declaró como investigada, en una causa que sigue abierta.
Salvador: «es solo un error»
Por su parte, Luis Salvador sostiene que la jueza considera que «existe un error en el procedimiento administrativo al no motivar en el decreto la revocación y ahora tenemos que volverlo a redactar». La alcaldesa asegura que se redactará de nuevo «y todo quedará aclarado».
