El fallecimiento supuestamente accidental de Nacho, un residente con síndrome de Down severo que cayó desde una terraza en la residencia Marqués de Dos Aguas de Picassent en septiembre de 2019, no es la primera muerte en litigio en los tribunales que se produce en este mismo centro de atención especializada. Un año y medio antes, en febrero de 2018, otra persona con diversidad funcional, en este caso usuario del centro de día, sufría una caída al deslizarse su silla de ruedas por una rampa en circunstancias no aclaradas. Tres meses después, como consecuencia presuntamente de la fractura que sufrió en el cráneo y pese a los intentos de rehabilitación, costeados por su familia, Jesús perecía en el hospital.
Los familiares de esta persona, también con síndrome de Down al igual que Nacho, presentaron una reclamación patrimonial contra la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por no hacerse cargo de los costes de la rehabilitación de este usuario del centro de día, quien sufrió la caída estando bajo los cuidados del personal de dicho centro de Picassent, en ese momento gestionado por otra empresa distinta a la que actualmente tiene la adjudicación de la conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra.
No obstante, tras no obtener respuesta por parte de la administración pública y no llegar a ningún acuerdo vía administrativa, se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la conselleria de Políticas Inclusivas, que todavía está pendiente de juicio, según indicaron las fuentes consultadas por este periódico.
Los hechos se remontan al 21 de febrero de 2018 cuando Jesús, de 42 años y con diversidad funcional, se disponía a coger el autobús junto con otros usuarios del centro en una salida programada. Su hermana critica que ningún responsable de la residencia les haya dado una explicación sobre lo que ocurrió realmente ese día. «Nadie lo vio como se cayó», asegura este familiar del fallecido, quien cuestiona la vigilancia de los cuidadores, «estaban solos», y apunta que incluso se ha barajado que algún interno empujara la silla de ruedas por la rampa.
Lo que es un hecho es que Jesús sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza. Es más, presentaba el hueso occipital partido y otras hemorragias en el cráneo. Como consecuencia de la caída tuvo que recibir asistencia hospitalaria y cuidados de fisioterapeutas y médicos, todos ellos costeados por la familia del usuario del centro.
Según critican duramente sus familiares, por parte de la residencia no tuvieron ningún apoyo y cuando solicitaron que el seguro de la gestora se hiciera cargo, obtuvieron el silencio por respuesta.
Respecto al fallecimiento de esta persona con diversidad funcional, la administración del centro se escuda en que ya estaba muy delicado de salud y no consideran causa efecto la caída por la rampa con su posterior muerte tres meses después, el 10 de mayo de 2018. Los testigos y peritos, entre ellos los médicos forenses, deberán determinar en el juicio si la causa del fallecimiento fue derivada del traumatismo craneal que sufrió en la caída, como así sostiene la familia del finado.
Falta de personal
Otras de las cuestiones que se analizarán será la falta de personal, circunstancia que ya planteó en el juicio celebrado el lunes en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número tres de Picassent el letrado de la familia del otro fallecido, quien incidió en su informe en que no se cumplían los ratios establecidos.
En este caso ya juzgado y pendiente ahora de sentencia la familia acudió vía civil tras presentar una demanda contra el centro en la que reclama indemnizaciones que ascienden a los 115.000 euros por una falta de diligencia al no poner los medios adecuados para evitar la muerte de Nacho, tal y como informó ayer en exclusiva Levante-EMV.
Familiares de Jesús acudieron a dicha vista oral para mostrar su apoyo a la familia del otro usuario del centro, que falleció tras caer desde la terraza, pero dadas las limitaciones de espacio por las restricciones propias de la pandemia, tuvieron que quedarse fuera de la sala. En este caso en concreto se cuestiona que la puerta de la terraza estuviera abierta, que nadie controlara al residente cuando se dirigían al comedor a darles la merienda y la baja altura de la barandilla, colocada a 1,18 metros, fácilmente sorteable si se subió a una de las sillas que había en la terraza. Además, esta misma persona, con un envejecimiento prematuro que le hacía tener unos 85 años —muy lejos de los 50 reales— sufrió otras cuatro caídas previas con ingreso hospitalario sin que se adoptaran medidas de mayor contención con él.
