El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha declarado este jueves como investigado por un posible delito de prevaricación administrativa por omisión, tras la querella que presentó Compromís contra Ros por los incumplimientos del gobierno socialista en la Ley de Gran Ciudad, al no crear órganos como el consejo social, el tribunal jurídico económico o las oficinas de distrito.
El alcalde estaba citado a las 12,30 horas en el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Torrent, que abrió hace semanas diligencias de investigación penal contra Ros. Apenas quince minutos después, el dirigente socialista abandonaba los juzgados, en la Plaça de la Llibertat, tranquilo y sin hacer declaraciones a la prensa que le aguardaba a la salida.
Según ha podido saber este diario, Ros ha explicado al juez que no se han ejecutado los compromisos que requiere la Ley de Gran Ciudad durante todos estos años por “imposibilidades económicas” debido al plan de ajuste financiero al que estaba sometido el consistorio torrentino, con una gran deuda financiera, así como a la ley de estabilidad presupuestaria, que impedía el aumento de los recursos destinados al aumento de plantilla. El mandatario ha explicado que poner en marcha estos organismos, como son el consejo social, el tribunal jurídico económico o las oficinas de distrito, requiere la dotación de personal. En este sentido, Ros ha manifestado al magistrado su intención de cumplir esos compromisos, pero cuando la situación económica lo permita.
De tal forma que Jesús Ros ha calcado, pero en menos espacio de tiempo, los argumentos que ya dio a la prensa hace un mes cuando se dio explicaciones por la citación del juez como investigado. Entonces, el alcalde, acompañado de Andrés Campos y con todo su gobierno (incluido el socio Ciudadanos) en la tribuna del salón de plenos, reconoció que esos órganos «los tenemos que hacer» pero «cuando las condiciones económicas lo permitan». A partir de ahí, lanzó un ataque directo a Pau Alabajos como firmante de la querella y sin citar a Compromís. El socialista defendió que la querella «nada tiene que ver con la buena política, esa que sirve para resolver los problemas de sus ciudadanos y mejorar su calidad de vida» sino con «la mala política, la del barullo, la del espectáculo, la de tirarse los trastos a la cabeza, la marrullera que busca el titular... la que no hay que hacer», aseguró.
Demanda con poco recorrido
El alcalde resaltó que Alabajos presentó la denuncia «el uno de marzo, cuando en Torrent veníamos de dos meses espantosos por la pandemia y tratábamos de combatir y dar solución a los problemas de Torrent. Parece que Alabajos estaba pensando en los torrentinos exigiéndonos cosas que teníamos que hacer», ironizó.
El dirigente avanzó que la denuncia, según los juristas municipales, tiene «poco recorrido» y que lo «más adecuado» hubiera sido un contencioso administrativo. En este sentido, preguntó por qué han demandado al gobierno socialista y no al anterior (PP), ya que la Ley de Gran Ciutat es de 2010. Ros aseguró que el caso «no afectará» y el PSOE «volverá a ganar» en 2023, y apuntó que «mucha gracia en el Botànic no habrá hecho». También reveló el apoyo de su partido y de ir adelante.
«Votos de manera torticera»
Andrés Campos subió el tono y calificó la denuncia de «persecución personalizada contra el alcalde». El concejal atribuyó la querella a los 3.700 votos perdidos por Compromís en 2019 y tratar «de ganar con la justicia lo perdido en las urnas», haciéndolo «de manera torticera» y «olvidando» la gestión del PP. El edil defendió las causas económicas, sobre todo por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, para no crear los órganos. «Crear el Tribunal Jurídico cuesta 400.000 euros anuales con cinco técnicos A1», ejemplarizó Campos.
Posteriormente, Pau Alabajos dio su versión del asunto, ya a rebufo del PSOE. El concejal atribuyó la querella a que la constitución de esos órganos se incluyeron en el Pacto de Investidura de 2015. «Ros no tiene palabra, sin nuestro apoyo entonces, no sería alcalde», recriminó Alabajos.
Compromís detalló que en noviembre de 2015 se aprobó por pleno «no solo cumplir el acuerdo de 2012, donde se aprobó crear el Tribunal Tributario Económico y la Oficina de Quejas y Sugerencias, sino crear otros dos: el Consejo Social y los Distritos». Alabajos defiende que «han tenido seis años para hacerlo» y «no pueden argumentar cuestiones económicas cuando han sacado pecho de su gestión económica, con superávits y gastado, por ejemplo, 700.000 euros en comprar el edificio de la Malagueña».
Alabajos rechazó la «persecución» contra el alcalde. «Llevamos a fiscalía una serie de documentación de todo lo ocurrido desde 2010 y ha sido la fiscalía la que ha incoado diligencia penales y ha citado como investigado a Ros», resaltó. Pero el PSOE reveló que la querella se presentó contra la «actual junta de gobierno local» y la vigente en noviembre de 2015, no apuntando al Partido Popular.
Pactar con la extrema derecha
Sobre la afección en el Botànic, Compromís defendió que la ejecutiva nacional de la formación «da libertad a las ejecutivas locales para lo que consideren oportuno», y en este caso había luz verde. «Al PSOE le puede molestar esta cuestión igual que a Compromís le molesta que en la sexta ciudad del País Valencià pacte con la extrema derecha (Cs)», dijo.
Compromís cuestionó que la querella no prospere y reveló que son el primer partido de España en denunciar el incumplimiento de la Ley de Gran Ciudad.
