No hubo mala intención, pero el resultado ha sido un absoluto error. A primeros de los años 80, dentro de un plan de erradicación del chabolismo, el Ministerio de Obras Públicas planificó la creación de polígonos como la Coma en Paterna, las 613 Viviendas de Burjassot, Baladre de Port de Sagunt o Mil Viviendas de Allicante… todos llamados luego eufemísticamente «Barrios de Acción Preferente», con bloques de estructura vertical, en los que se concedieron viviendas en alquiler social a personas y familias en situaciones precarias. Las viviendas eran dignas y el planeamiento con viales y espacios ajardinables, era muy adecuado. Pero se produjo una enorme densidad de problemática, consecuencia del gran número de personas y familias en situación o riesgo de exclusión social en un espacio muy limitado y sin posibilidad de servicios, convirtiéndose estos ‘polígonos’ en concentraciones de población con un gran nivel de precariedad social con consecuencias de todo tipo que se mantienen tras 30 años.

La Generalitat redactó un magnífico proyecto de Ley por la función social de la vivienda que, en su artículo 7.1 decía: «Este plan deberá velar en todo caso por evitar la concentración y segregación espacial de las viviendas del parque público con el fin de garantizar la cohesión social en entornos con una alta concentración de vivienda pública».

Es comprensible que, en una situación como la presente, de precios de alquiler desbocados y de la gravísima situación de tantas familias por las sucesivas crisis, la Administración se resista a plantearse deshacer barrios gueto como la Coma, y adelgazar el parque público de viviendas. Pero podemos y debemos generar alternativas que pasan por que algún alto responsable político de Vivienda, se faje y comience a adelgazar la ocupación de un barrio como éste, vaciando progresivamente bloque a bloque para demolerlo.

Sin duda, esta decisión tendría como previo el realojamiento en viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), así como exigir a los bancos que, de las viviendas no entregadas al organismo, pongan a disposición de la Administración una cuota para que ella provea alquileres sociales ya que las instituciones públicas, con dinero de todos, les rescataron generosamente, dándoles soporte económico mientras en tantos casos ellos desahuciaban sin compasión.

Hoy día, los altos cargos de la Generalitat tienen plena conciencia de que no hay que repetir la creación de concentraciones de viviendas y familias de alta problemática. Y la tienen respecto a la convicción de que algo hay que hacer con los que ya existen y que han heredado.

La historia de barrios como la Coma, en los que conviven muchas personas de bien con determinadas personas con conductas antisociales, está sembrada de profesionales que han desarrollado una acción mucho más allá de lo que resulta exigible a su papel como personal sanitario, farmacéutico, educativo o de trabajo social… pero, a pesar de tanto esfuerzo generoso, y casi militante, en el barrio se siguen viviendo situaciones que reclaman una solución definitiva.

Esa solución requiere imaginación y valentía política: no basta con proponerse no volver a construir guetos, hay que dar solución a los existentes. Sabemos que la solución no es sencilla, pero también que si la solución fuera fácil, hace tiempo que el problema no existiría.