Ser madre soltera con cinco hijos y tener como única prestación los 972 euros de le Renta Valenciana de Inclusión no es suficiente para que el juez suspenda la orden de desahucio de Ainara, previsto para el 13 de octubre. Tampoco el decreto prorrogado por el Estado hasta el 31 de octubre que impide dejar en la calle a las personas en situación de vulnerabilidad acrecentada durante la pandemia ha servido para que el juez estime que este decreto es aplicable en el caso Ainara porque ella no es la propietaria del piso, ahora en manos de una entidad bancaria. Porque a Ainara, como en muchos otros casos, ha sido víctima de una presunta estafa.
Su calvario comenzó cuando nació su quinta hija, ahora de tres años, y decidió salir del piso en el que estaba alquilada por 200 euros sin ascensor «por no tener que cargar el carro». «Ahora me arrepiento tanto», confiesa. Así que decidió alquilar un piso en el barrio del Quint, a un chico que le informó de que sus padres, que eran los propietarios, se habían ido a vivir a otra ciudad. «Firmé un contrato de alquiler por unos 350 euros y no parecía haber ningún problema hasta que fui a darme de alta de la luz y el agua», narra.
Ahí Ainara descubrió que le propietario tenía una deuda de 5.000 euros. «Como yo no podía pagarlos y le dije al propietario que tenía que hacerlo para poder tener luz, pero me daba largas y ya empecé a pensar mal», reconoce. Sus sospechas se confirmaron cuando a principios de 2020 llegó una carta urgente de parte del Juzgado de Mislata a nombre de los propietarios, que Ainara abrió y vio que era un lanzamiento de desahucio. Fue ahí cuando descubrió que el piso que estaba pagando no era del arrendador sino de un banco, al no ejecutarse la hipoteca y, por tanto, dejó de pagar el alquiler. «Me presenté en el juzgado con mi libro de familia, con mis ingresos porque estaba cobrando el paro entonces y me aplazaron el desahucio», recuerda.
Después, Ainara acudió a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mislata donde se hicieron cargo de su caso, porque el siguiente lanzamiento de desahucio no tardó en llegar. Fue el 23 de noviembre, una fecha que logro aplazar hasta el 20 enero. El último le ha llegado para el 13 de octubre con la desestimación del recurso porque el desahucio se aplazaba sobre la persona propietaria y no sobre la que vive allí que ni siquiera tiene un contrato válido.
Ainara, que ya está preparando cajas para guardar su cosas, afirma que no sabe qué hacer. «Yo no quiero dar una patada a una casa ay okuparla, quiero pagar un alquiler, pero he estado viendo pisos o solo en Mislata, también en los pueblos de al lado, Aldaia, Burjassot, pero ninguno baja de los 500 euros y yo eso no puedo pagarlo. Necesito un alquiler social pero el Ayuntamiento de Mislata me dice que no tiene pisos VPO y yo no puedo quedarme con mis 5 hijos en la calle», señala.
«Esperamos pararlo»
Ayer tuvo una nueva cita con Servicios Sociales de Mislata para solicitar de nuevo a la Conselleria de Emergencia Habitacional una vivienda. «El Ayuntamiento de Mislata, junto a conselleria, está paralizando todos los desahucios que están ordenándose por lo que esperamos que también ocurra lo mismo en este. La trabajadora social ya está en contacto con Ainara para solicitar una vivienda de carácter urgente debido a que el lanzamiento es dentro de un mes», señalan fuente municipales, que han ofrecido su servicio de asesoramiento jurídico.
La Mancomunitat tiene nuevo servicio jurídico
El caso de Ainara estaba siendo llevado por los abogados de la cooperativa el Rogle al tener Mislata este servicio compartido, a través de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Sin elbargo, el contrato expiró y el ente dirigido por Eva Sanz lanzo a licitación el servicio siendo, adjudicado en julio a Sebastiá Abogados Triniutarios. Se pone así fin a una intensa etapa marcada por la gran labor realizada por la cooperativa el Roble, que sigue ofreciendo sus servicios en otros ayuntamientos de l’Horta como Alfafar, Paiporta o Manises.
La cooperativa fue la elegida por la MAncomunitat para crear un servicio de asesoramiento jurídico contra los desahucios, tras un acuerdo con los ayuntamientos y la PAH (Platafoma de Ayuda a la Hipoteca). Sus servicios, que prestan de forma gratuita a las familias, a través de los ayuntamientos mancomunados, se pusieron en marcha en enero de 2016 por dos años y después fueron renovados por otros dos hasta diciembre de 2019.
La llegada de la pandemia retrasó sacar el servicio a concurso, que finalmente se produjo hace unos meses aunque la empresa adjudicataria no fue el Rogle sino Sebastià Abogados. La nueva forma ya ha empezadoa prestar su asesoramiento.
Solo durante el año pasado, el 2020, cuando la pandemia generó una crisis que ha afectado sobre todo a los má vulnerables, el Rogle ha realizado un centenar de actuaciones en los muncipios mancomunados (Alaquàs, Alcàsser , Aldaia, Benetússer, Catarroja, Mislata, Quart, Sedaví, Silla y Xirivella) para resolver impagos de alquiler e hipoteca, siempre en defensa del derecho de la vivienda.
