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El nuevo alcalde de Rocafort devuelve sueldo y cartera a la edila que destituyó el anterior

La concejala de Cs e integrante del gobierno vota en contra en la comisión y se enfrenta al alcalde

Martínez y Aligaa, en el centro, con el resto de integrantes del tripartito, sin Guillermo José. | A.R.

Si cada maestrillo tiene su librillo, cada alcalde tiene la potestad de poner y quitar competencias. Así de sencillo. El nuevo alcalde de Rocafort, Agustín Aliaga (PP), ha devuelto a su compañera de partido Susana Martínez las competencias y las retribuciones que le retiró el anterior primer edil Guillermo José (Cs) hace unos meses, al perder la confianza en la dirigente popular y asegurar que no estaba preparada para el cargo.

Aquel episodio, sucedido en abril de este año, estuvo a punto de hacer saltar por los aires el tripartito formado por Cs, PP y Vox. Al Partido Popular le sentó a cuerno quemado la jugada unilateral de su compañero de viaje. Pese a todo, aguantaron el envite, ya que solo restaban unos meses -finalmente fue a finales de agosto-para el relevo en la alcaldía y que Aliaga sucediera a José.

Ya entonces, los populares avisaron que con el cambio de alcaldía se producirían cambios en el organigrama municipal. Y solo dos semanas después de tomar el bastón de mando, Aliaga llevará al pleno de mañana la nueva distribución de competencias. Lo más novedoso es que Susana Martínez, defenestrada por Ciudadanos, recupera asignaciones y también salario, unos 23.000 euros brutos anuales. También cobra del erario público Rosario Rosario Marco (Cs), la misma cantidad que Martínez, y Sergio Herrero (Vox), el 50% que sus compañeras de ejecutivo.

Si bien Susana Martínez tenía Urbanismo como eje central de su cometido hasta que se lo quitó el exalcalde, ahora seguirá sin tener esa concejalía, que permanecerá en manos de Rosario Marco. La popular se encargará de Hacienda, Igualdad, Comunicación y Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales, competencias que eran propiedad de Ciudadanos. Concretamente, de Hacienda se ocupaba Guillermo José, que ahora se queda únicamente con Deportes y Seguridad Ciudadana; mientras que Igualdad y Comunicación, entre otras asignaciones varias, las ha desempañado Marco desde el principio.

El alcalde Aliaga presentó el nuevo organigrama a gobierno y portavoces de la oposición el martes, en el transcurso de la comisión informativa previa al pleno extraordinario de mañana donde se deberán votar los cambios. Según algunos de los asistentes a dicha reunión, Rosario Marco mostró su profundo malestar al comprobar que Aliaga había decidido delegar finalmente Comunicación en Susana Martínez.

Los tres partidos del ejecutivo local acordaron hace aproximadamente una semana el nuevo reparto de competencias entre PP, Cs y Vox para lo que resta de mandato. Comunicación se lo quedó el PP, ya que pertenece a alcaldía, como durante los dos años anteriores fue gestionado por Ciudadanos. Pero lo que no esperaba Rosario Marco es que Aliaga renunciara a Comunicación y la entregara a su compañera de partido Susana Martínez. De hecho, existe un decreto de alcaldía con la rectificación que incluye Comunicación entre las nuevas asignaciones de la edila popular. Marco se enfrentó al alcalde, advirtiendo que estaba incumpliendo el nuevo pacto de gobierno firmado días antes. Fue tal el cabreo de la concejala de Ciudadanos, que votó en contra de la propuesta del alcalde en la comisión informativa -PP, Vox y PSOE votaron a favor- y anunció que en el pleno de mañana daría las correspondientes explicaciones a la ciudadanía.

Cambio en la jefatura del gabinete de alcaldía

La renuncia de Guillermo José a la alcaldía de Rocafort llevó aparejada la dimisión de su jefa de gabinete. El nuevo alcalde Agustín Aliaga ha nombrado a su cargo de confianza, con una retribución bruta anual de 22.800 euros. Cabe recordar que el desencadenante de la destitución de Susana Martínez como edila de Urbanismo fue que Intervención detectará que no se había cobrado el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la jefa de gabinete de José, que atribuyó la situación a «un error administrativo».

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