No se hablaba de otra cosa. La noticia avanzada ayer en exclusiva por este diario, sobre que cinco integrantes de la hermandad del Santo Sepulcro se sentarán en el banquillo por el no reparto de las papeletas premiadas con el Gordo del Niño de 2017, era la comidilla en bares y conversaciones.
Trece personas se querellaron de manera penal para reclamar las participaciones a las que estaban abonados y que, señalan, se les solía entregar con antelación o con posteriodad aunque no estuvieran pagadas. Así, el fiscal pide 4 años y medio para un hermano, mientras que el resto de acusaciones solicitan también cárcel para otros cuatro ‘repartidores’. El juez ha pedido una fianza global a los 5 de 1,34 millones, para afrontar la responsabilidad civil, con cantidades que van desde los 192.000 euros a los 480.000.
Uno de los investigados que se sentará en el banquillo reconoció ayer a este diario «estar tranquilo», sobre todo después de ver que el fiscal pidiera el sobresimiento para cuatro de los cinco, al no ver indicios de apropiación indebida. «Yo no me quedé las papeletas», asegura el acusado.
De hecho, los cuatro investigados para los que el fiscal pidió el archivo en su escrito de calificación, cobraron 38.500 y 96.300 euros por papeletas premiadas. Para el que pide pena de prisión, le ingresaron del banco 270.000 euros.
Por su parte, el actual presidente de la hermandad, José Enrique Tronchini, se mostró «tranquilo» por la situación, pese a que la hermandad sería responsable civil subsidiaria. La directiva, tras repartir el gordo, modificó el sistema de venta de lotería y únicamente se puede comprar en el local social.
