El Tribunal de Cuentas abrirá diligencias de investigación para esclarecer si la consulta popular sobre la celebración de bous al carrer en Xirivella causó daños a los caudales del ayuntamiento por el pago de los gastos que ocasionó dicho proceso participativo, celebrado en marzo de 2016.

Apenas nueve meses después de que el tripartito formado por PSOE, Compromís y Sí Se Puede accediera al gobierno de Xirivella en junio de 2015, el ayuntamiento impulsó una consulta popular para que los vecinos votaran sobre si querian que se celebrasen bous al carrer en el municipio. La participación fue sólo de un 7,25% del censo de 23.790 personas y el NO se impuso con el 53,4% de los votos. Pese a que se especificó previamente que el resultado de la votación no sería vinculante, los toros no volvieron a las calles.

La Asociación Rincón Taurino de Xirivella presentó un contencioso administrativo y el TSJ anuló la resolución firmada por el alcalde Michel Montaner en julio de 2016, en la que emitía una declaración desfavorable a la celebración de bous al carrer. Pese a todo, no se han celebrado festejos taurinos en la localidad.

Tras varios litigios de por medio, la asociación «Amigos del Toro y del Caballo» acudió al Tribunal de Cuentas a principios de este año. En su denuncia, el colectivo apuntaba a un presunto daño en los caudales del ayuntamiento causado por el pago de los gastos de un proceso, que ellos califican de ilegal en base a diferentes fallos judiciales.

El ayuntamiento pidió el archivo

Así, tras dar audiencia al fiscal y al propio Ayuntamiento de Xirivella, que solicitó el sobreseimiento del proceso, la consejera del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, ha firmado un auto en el que dispone que la Sección de Enjuciamientos del órgano proponga a la Comisión de Gobierno del Tribunal el nombramiento de un instructor para que practique diligencias sobre la denuncia, con el objetivo de un esclarecemiento de los hechos y dilucidar si existen las supuestas irregularidades que denuncia la asociación «Amigos del Toro y del Caballo».

En su escrito, Mariscal de Gante recuerda que el TSJ «consideró que la consulta a la que se refiere la denuncia fue ilegal», juicio que «si bien no se realizó en la parte dispositiva de su sentencia, tampoco puede considerarse ‘obiter dictum, ya que esa consideración fue determinante del sentido de la desición del tribunal sobre el objeto del proceso».