El titular del juzgado de primera instancia Nº 3 de Massamagrell ha dictado una providencia en la que asume la tesis del fiscal, quien aprecia la existencia de indicios de delito de prevaricación por parte de alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, y considera procedente la continuación del procedimiento judicial contra la dirigente socialista. El magistrado ha solicitado copia del expediente relacionado con el cese de la interventora municipal, origen del litigio, así como la hoja histórico penal de Salvador, paso previo para dictar auto de apertura de procedimiento abreviado, es decir, juicio oral.
En febrero de 2020, PP y Cs presentaron ante Anticorrupción una denuncia contra Luisa Salvador, Mª Ángeles Beltrán y Marc Oriola por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, por la revocación de la comisión de servicios de la interventora municipal después de que la alta funcionaria relatara en un pleno una irregularidad en el pago a un trabajador «por productividades que no se justificaban». Ambos grupos aseguraban que la alcaldesa «presionó» a la funcionaria para que cambiara su informe antes del pleno y que días después de la sesión plenaria se le comunicó que no renovaban su comisión de servicios.
Los citados informes de la interventora se revelaron en el pleno de noviembre de 2019, donde la misma habilitada nacional intervino para dar cuenta de lo que había detectado. Así, informó del «abono de horas extraordinarias, gratificaciones y productividades de una forma irregular, en ocasiones sin justificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establece la ley».
La ilegalidad correspondiente al ejercicio 2018. La interventora relató que aleatoriamente había analizado 213 nóminas de 56 empleados. Emitió un informe de carácter provisional con fecha de 12 de septiembre, dando un plazo de diez días para que el departamento de Personal aportara alegaciones. El 12 de noviembre, dos meses después, las conclusiones pasaron a ser definitivas, sin que recibiera documento alguno, según la habilitada nacional. Después de su intervención en el pleno, el consistorio no renovó la comisión de servicios solicitada.
Tras la denuncia de PP y Cs, el juez inició una investigación al respecto y Luisa Salvador acudió a declarar como investigada el pasado febrero. También prestaron declaración otros testigos. Con todas las versiones aportadas, el fiscal remitido al juzgado un escrito en el que aprecia indicios de prevaricación por parte de Salvador y solicita al juez, que ha asumido su petición, que se incluya en la instrucción toda la documentación relativa al cese de la interventora, además del histórico penal de la alcaldesa. Este último trámite supone el paso previo a que el fiscal emita su escrito de calificación -en el que detalla la petición de pena para la investigada- y el juez dicte apertura de juicio oral.
El juez ya anuló el cese
Paralelamente a este litigio, la propia interventora presentó un contencioso contra su cese. El pasado junio, el juzgado de lo contencioso administrativo Nº7 de València anuló por ser contrario a derecho, el decreto firmado por la alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, en diciembre de 2019, por el que revocaba la comisión de servicios de la interventora municipal.
Tal como relataba la magistrada en su sentencia, la interventora solicitó en noviembre de ese año la ocupación del puesto de interventora del Puig durante un año prorrogable a otro más, siendo aceptado vía decreto de alcaldía. El consistorio de Rafelbunyol, al que pertenece como funcionaria, también dio luz verde a la tramitación. Con la aceptación de ambas administraciones, la interventora pidió su nombramiento ante la Generalitat, con fecha 5 de diciembre.
Ese mismo día se le notificaba mediante un nuevo decreto del Puig, con fecha 4 de diciembre, que se revocaba el decreto de noviembre en el que se aceptaba su petición. La demandante argumenta en su recurso de reposición primero, y contencioso después, que le fue revocaba la petición después de su intervención en el pleno de noviembre donde desgranó las irregularidades.
La jueza determinó que no existe motivación que justifique la actuación recurrida, que es invalidar el decreto anterior, circunstancia que solo puede producirse con un procedimiento de revisión de oficio o de lesividad, cosa que hizo el consistorio posteriormente.
Salvador: «Estoy tranquila. He actuado correctamente»
La alcaldesa Luisa Salvador se mostró «muy tranquila» tras los escritos de fiscal y juez. La mandataria puntualizó que se trata de un tema «meramente administrativo» y remarcó que el fiscal habla que «podría ser delito» pero «no hay acusación». En este sentido, la socialista avanzó que aportarán toda la documentación que soliciten. Salvador siempre ha defendido que no renovaron la petición de comisión de servicios por miedo a una sentencia como la que se produjo ese año en la diputación por prórrogas excesivas de la comisión.
