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El TSJ avala que la gestora del agua no cumplió porque no se le exigieron las mejoras

La firma propuso en la licitación encargarse de la cloración y control de niveles de la piscina pero el consistorio contrató a otra empresa

Piscina de Alaquàs. | L-EMV

La empresa que desde el año 1995 se encarga del ciclo integral del agua en Alaquàs, Aguas de Valencia, no cumplió el contrato en lo referente a las mejoras que tenía que prestar (entre ellas la cloración y el control de la piscina) porque el ayuntamiento no se lo requirió sino que lo encargó a otra firma. Así quedó establecido en una sentencia de 2019 favorable a la empresa, que ahora ha avalado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Con aquel segundo contrato, los tribunales entienden que se produjo un «evidente despilfarro de los caudales públicos, que incluso debería haber acarreado consecuencias penales, si no fuera porque las mismas están prescritas, en los responsables municipales de dicha malversación».

La sentencia del TSJ, que cierra el proceso, pasó por el pleno de esta semana ya que obliga a dejar sin efecto un acuerdo de la corporación de 2017 por el que se le reclamaba a Aguas de Valencia una compensación por valor de 60.000 euros, que era lo que los técnicos estimaron que se había invertido en las tareas de cloración y control desde 1999. Aquella valoración se llevó a cabo tras una investigación realizada por el grupo municipal de Podemos, que detectó el incumplimiento.

Por ello, en el pleno de esta semana, la portavoz de Podemos, Mar Blanch, explicó que aceptaba el acuerdo de dejar sin efecto la sanción a la gestora del agua, para cumplir la sentencia, aunque consideró que faltaba «algo muy importante» en la propuesta: «la asunción de responsabilidad política por parte del equipo de gobierno». «Va a ser vergonzoso que ustedes pasen por alto el tema de la malversación y más cuando desde 2003 nuestro alcalde forma parte del gobierno», acusó.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Pepe Pons, ha criticado que la sentencia de abril de 2019, «un mes antes de las elecciones», no se dio a conocer ni pasó por pleno «como es habitual» sino que «se ha esperado a que hubiera un pronunciamiento del TSJ». «Claramente, el gobierno no quiso que se hiciera público el concepto de malversación antes de las elecciones», valora. Al igual que Podemos, Pons ha pedido «responsabilidades políticas» porque «se ha defraudado a las arcas municipales 60.000 euros y se ha pervertido el proceso de licitación del contrato del agua, ya que esta empresa ganó presentando unas mejoras que no ha hecho, lo que deja al resto en situación de discriminación».

Ante las críticas, el alcalde socialista Toni Saura ha recordado que el contrato de Aguas de Valencia es de 1995 «cuando en Alaquàs no había piscina cubierta» por lo que «la mejora se refería a la piscina de verano, que solo abría unos meses». El mandatario considera que, si en 1999, cuando se inauguró la piscina cubierta, el consistorio contrató a otra empresa para la cloración y los controles, «es porque seguramente se consideró que la mejora planteada por Aguas de Valencia no cubría la necesidad real técnica». «La nueva piscina supuso no solo un cambio de instalaciones sino también de legislación y eso es algo que el juez del contencioso no ha tenido en cuenta al hablar de malversación», esgrime Saura.

El alcalde reconoce que, cuando en 1999 se decidió contratar a una empresa para las tareas que requería la piscina cubierta, «tal vez el personal técnico debería existía una cierta obligación» de la empresa del agua «o haber superpuesto ambos contratos para ver hasta dónde tenía que llegar». Desde 2017, Aguas de Valencia sí que presta ese servicio.

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