Compromís per Torrent ha presentado una moción ante el pleno municipal para que el ayuntamiento elabore un catálogo que le permita reclamar los tributos correspondientes sobre aquellos bienes de entidades religiosas que están excluidos de los acuerdos firmados con el Estado Español.

La exención total afecta a inmuebles dedicados al culto, residencias religiosas y oficinas de gestión propias, “no obstante, el resto de propiedades están obligadas a tributar tanto en el Impuesto de Bienes inmuebles como en la Plusvalía, el Impuesto de Construcciones, así como a las diferentes tasas y contribuciones especiales que recaigan sobre ellos”, ha explicado Pau Alabajos, portavoz del grupo municipal.

Respecto a las inmatriculaciones, “desconocemos su estado en Torrent”, ha declarado Alabajos: “es un tema tabú que ningún gobierno municipal del PP y del PSOE han querido abordar”. No en balde, la Iglesia católica española ha admitido que registró indebidamente al menos 965 de los 35.000 inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015, gracias a la facultad que le otorgó la modificación del Reglamento Hipotecario decretada por el Gobierno de José María Aznar. “No obstante, la cantidad de bienes realmente registrados de manera irregular es desconocida mientras no se elabore un censo cruzando sus datos fiscales con los registros de la propiedad; es parte de la gestión tributaria que tendrían que hacer todos los ayuntamientos”.

Para el grupo municipal de Compromís "es necesario identificar y catalogar, por su naturaleza", estos bienes ubicados a Torrent, "tanto los que son propiedad de las confesiones religiosas afincadas, como los de aquellas que residen en otras poblaciones". Sin esta información "es imposible actuar, dentro del margen de la legalidad, para garantizar que todas las personas y las entidades que operan dentro de nuestro término municipal tributen con los mismos principios de justicia social e igualdad".