La ministra de Economía, el gobernador del Banco de España y las patronales bancarias firmaron este lunes el protocolo de Inclusión Financiera por el que tratará de mejorar la atención a los clientes con menores posibilidad de acceso a sus servicios digitales, esto es, a los mayores, después de la campaña “Soy mayor, no idiota”, iniciada por el jubilado Carlos San Juan, con la recogida de 640.000 firmas, ante la discriminación que han venido sufriendo, sobre todo tras la pandemia y la reducción de posibilidades de operativa en las oficinas bancarias.
En dicho protocolo, se da seis meses a los bancos para aplicar las nuevas medidas que pasarán por mejorar la atención presencial de la clientela mayor en las sucursales, ampliando los horarios de caja desde las 09 hasta las 14 horas, mejorando la atención telefónica o reduciendo la brecha digital. Compromisos que, en algunos casos, ya habían conseguido a nivel local varios ayuntamientos cuyos alcaldes y alcaldesas decidieron “tomar la sartén por el mango” e intermediar para defender los derechos de un colectivo tan vulnerable y que tanto peso tiene, sobre todo, en poblaciones pequeñas, como es el de los mayores.
Es el caso de Massanassa. Su alcalde, Paco Comes (PP), se reunió con los presidentes de las sucursales bancarias de la localidad para, además de pedir que amplíen los horarios de atención personal, poner sobre la mesa la posibilidad de impartir formación para el vecindario en aspectos financieros. Para ello, el ayuntamiento se ha comprometido a poner las instalaciones necesarias para que estos cursos formativos al vecindario puedan llevarse a cabo. «Con esta reunión pretendemos mostrar la necesidad de dar mayores facilidades a la población para gestionar sus trámites y gestiones bancarias, teniendo la voluntad de que se repitan de forma regular para conocer las problemáticas tratadas, así como futuros proyectos en común que beneficien a nuestro vecindario», expresa Comes.
En Xirivella, Michel Montaner (PSOE), solicitó personalmente en una reunión a la banca local un mayor esfuerzo de atención presencial, ampliando horarios y priorizando a la gente de más edad. “Son muchas las quejas que estamos recibiendo de personas con dificultad para entenderse con su banco. Necesitamos restaurar la confianza de los colectivos más golpeados por la pandemia y esa es una responsabilidad que nos afecta a todos”, asegura le primer edil. Del mismo modo, ambas partes se comprometieron a estudiar la idoneidad de organizar jornadas formativas dirigidas a personas con escasa competencia o conocimiento digital.
El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria (PSOE) decidió comunicarse con las entidades bancarios del municipio a través de una carta. En la misiva, dirigida a los directores y directoras de las sucursales, el primer edil reclama ala ampliación de horarios y empleados dirigidos y dedicados a la atención presencial a todas estas personas que presentan dificultades en las gestiones. Además, ofrece pide el Servicio Municipal de Información al Consumidor de Alboraia (SMIC) como la plataforma ideal para que los bancos recojan las sugerencias necesarias para adaptar sus servicios a las demandas de la ciudadanía que ahí se recogen. De esta manera, el SMIC se pondrá en contacto con los bancos para poner en marcha la buscada cooperación.
En Torrent, también el consistorio respalda la movilización de las personas mayores. El pasado viernes, el concejal de Personas Mayores, José Antonio Castillejo, tuvo un encuentro con el propio Carlos San Juan, el hombre que ha movilizado a más de 350.000 personas. El consistorio defiende que "las personas mayores son las más afectadas por este acelerado proceso" ya que "les resulta difícil realizar un gran número de gestiones, algunas de ellas de gran importancia". Así, en este encuentro se trataron posibles estrategias para aplicar en un futuro inmediato, así como iniciativas en las que el Ayuntamiento de Torrent y Carlos San Juan pudieran colaborar para atajar esta problemática.
Un reguero de mociones
Tras la campaña iniciada por el jubilado Carlos San Juán, la adhesión a la reivindicación de un mejor trato bancario a los mayores se está dando en numerosas localidades de la comarca a través de mociones, presentadas en su mayor parte por el grupo Compromís. Así Sedaví aprobó una propuesta, a la que se adhirió el gobierno del PSPV, aprobada en el último pleno en este sentido. “No podemos permitir que la brecha digital se convierta en un motivo de discriminación de clase y de estigmatización hacia nuestros mayores y personas con diversidad funcional”, expresó el portavoz de la formación valencianista Ferran Baixauli.
El pleno de Puçol aprobó también en el último pleno por unanimidad, una moción presentada por Compromís para solicitar a las entidades bancarias y otros organismos, la mejora de los servicios para la gente mayor y con diversidad funcional en particular., porque “a causa de la pandemia se ha agravado la situación de atención a los usuarios y usuarias al tener que pedir cita previa para ser atendidos, y también por el desvío de las gestiones a los cajeros automáticos”.
Sí debe mejorar el trato a los mayores, y en ese sentido vigilaremos a las entidades bancarias a ver si cumplen el protocolo aprobado”.
En Catarroja, también Compromís presentará una moción en el pleno de esta semana, el alcalde Jesús Monzó confía en ser apoyada por todos los grupos políticos “y después me dedicaré personalmente a llegar a una solución con las entidades bancarias del municipio.” Monzó afirma que aunque Catarroja es un pueblo muy grande y la atención bancaria no peligra, “sí debe mejorar el trato a los mayores, y en ese sentido vigilaremos a los bancos a ver si cumplen el protocolo aprobado”.
Un cajero para 6.000 habitantes en Orba (Alfafar)
Esta lucha por mejorar la atención bancaria no es nueva en Alfafar. Ya en 2020 el consistorio logró a través de su intermediación con las entidades bancarias establecer un cajero automático en el Barrio de Orba ante al desaparición del último que había. Ahora, en el pleno de enero, toda la corporación municipal, por unanimidad, aprobaron exigir a las entidades bancarias que atiendan de forma personal sin cobro de comisiones a colectivos vulnerables y cualquier persona mayor o con necesidades especiales. Y han dado un paso más, puesto que en dicho compromiso, denuncian el cobro de tasas por la atención presencial desde los bancos porque supone “un trato lesivo y discriminatorio hacia quienes necesitan un trato personalizado” y se comprometieron a denunciar la situación ante el gobierno de la Generalitat Valenciana y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para su mediación con las entidades bancarias, así como ante la oficina del Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges.
