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Albal empadronará a las prostitutas para sacarlas de la calle

Ultima habilitar un piso de acogida para las mujeres explotadas por las mafias

Dos prostitutas en un polígono

El Ayuntamiento de Albal tiene en mente acabar con la prostitución. Si fue el primer municipio en implantar en una ordenanza sanciones para los consumidores de prostitución, ya impuesto la primera multa de 800 euros a un putero, ahora ha diseñado un plan para intentar sacar a las mujeres prostituidas de la calle.

El alcalde Ramón Marí lo tiene claro. “No podemos consentir que Albal sea un lugar de encuentro sexual en la vía pública y vamos a luchar contra eso”, afirma. El dirigente socialista avanza que el municipio ultima disponer de una vivienda de acogida para todas las mujeres prostituidas en el entorno del municipio. Y es que los accesos a la Pista de Silla, ya sea en rotondas o vías de servicio, se ha convertido en un reguero de mujeres que ofrecen sus servicios sexuales.

“Este piso es el eslabón de la segunda fase de nuestro proyecto contra la prostitución”, dice Marí. Y lo amplía: “Ofreceremos a estas mujeres un piso de acogida y posteriormente que se empadronen en Albal. Con ese trámite tienen derecho a una tarjeta SIP para recibir atención sanitaria y también de los servicios sociales del ayuntamiento, así como encarrilarlas para que puedan optar a las diferentes ayudas de las administraciones”, detalla.

De este modo, señala el alcalde, “tendrán la posibilidad de poco a poco ir rehaciendo su vida y su inclusión dentro de la sociedad”. Ramón Marí alerta de que el “problema de estas mujeres es que están dominadas por los proxenetas, que les quitan la documentación o incluso no tienen papeles”. Por ello, añade, “les ofrecemos la posibilidad de legalizarlas y darles la posibilidad de iniciar un nuevo camino en la sociedad”. Marí reconoce que “nosotros les ofrecemos este proyecto”, pero “serán ellas las que decidan”.

Policía y alcalde de Albal en el lugar donde desapareció Florina. A.A.

Ordenanza con multas a puteros

El alcalde apunta que la ordenanza contra la prostitución “no es suficiente” y “tenemos que ir un paso más allá”. Albal fue una población pionera, a nivel nacional, en la lucha contra la prostitución y la trata de personas. El asesinato de la joven Florina, desaparecida en el municipio el pasado año, provocó una reacción contundente de la localidad a la que se sumaron en cadena, los ayuntamientos afectados por este problema situados a lo largo de V-31. El movimiento ha contado con el apoyo de la Mancomunitat de l'Horta Sud y de la Generalitat Valenciana para tratar de frenar el consumo de este tipo de servicios sexuales.

El consistorio modificó la Ordenanza Municipal de Convivencia y Buen Gobierno, incrementando las multas a los "puteros" hasta los 800 euros e incluyendo en el mismo saco a los proxenetas. Los cambios aprobados por la unanimidad del pleno también recogen la prohibición de divulgar publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual, prácticas que se castigan con multas de 350 euros, como por ejemplo la colocación en los parachoques o ventanas de los vehículos tarjetas de prostíbulos. Esta semana, un putero fue sancionado con 800 euros. El hombre acudió a la Policía Local de Albal para informar de que, tras solicitar los servicios sexuales de una mujer prostituida y abonarle el importe de 30 euros, ella no completó sus necesidades. Los policías le informaron que el municipio donde había practicado sexo dispone de una ordenanza municipal que multa a los puteros con hasta 800 euros.

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