Las dos naves industriales en ruinas junto a la Escuela de capataces del Port de Catarroja dejarán de ‘ensuciar’ el paisaje del Parc Natural después de una larga batalla judicial que se remonta a 29 de junio de 2017, aunque el conflicto entre el consistorio y el propietario de dichas edificaciones ya se generó años atrás. 

Ese día el ayuntamiento, a través de un acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno, denegó una licencia de obra del propietario para rehabilitar las naves industriales. El consistorio lo rechazó entre otras cosas porque las había declarado en ruina y ordenado su demolición, sobre todo por estar fuera de la ordenación urbanística, al ocupar suelo de uso agrícola y no respetar la normativa del Parc Natural. El acuerdo adoptado por el ayuntamiento fue impugnado por el propietario de estas naves industriales en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº9 de València. 

El tribunal, sin embargo, ha desestimado el recurso del propietario, dando la razón al consistorio, que ha ordenado la ejecución de la sentencia y esta a la espera de que se derribe estas dos naves. Además le hace pagar las costas al demandante, valoradas en 84.729,59 euros, que es el valor estimado por el coste de ejecución de las obras.

Un conflicto desde 2013

Fue en 2013 cuando el Ayuntamiento de Catarroja, entonces gobernado por Soledad Ramón (PP), pidió la demolición de esta edificación por su estado en ruinas y el peligro de desprendimiento. Se trata de dos naves de más de 3.000 metros cuadrados cada una que, según se desprende de su rotulo, «Esteban Ferrallas II», se dedicaba a la fabricación de este tipo de estructuras metálicas y fue constituida en 1984.

Tras cesar su actividad, estos edificios fueron objeto de vandalismo y se fueron deteriorando hasta tal punto que los técnicos municipales decretaron peligro de desplome, lo que hizo que el consistorio lo declarase en ruinas y ordenase al propietario su demolición, cosa que no hizo. Algo que fue denunciado ya en 2015 por el ahora alcalde Jesús Monzó, entonces portavoz de Compromís en la oposición.  

Las naves están dentro del Parc Natural de l'Albufera. L-emv

El propietario, en lugar de acatar el derribo, pidió licencia de obra para consolidar las naves. Algo que rechazó el ayuntamienti, alegando que estas construcciones están situadas en una parcela calificada de suelo no urbanizable de protección ecológica y ubicadas en el Parc Natural de l’Albufera. 

Para rechazar esta propuesta, el consistorio presentó un informe técnico explicando que las edificaciones están fuera de ordenación y, por tanto, no se pueden conceder licencias de consolidación, basándose en los artículos 35 y 42 de las normas urbanísticas. Estos artículos vienen a decir que el uso de este suelo es agrícola y que solo se permiten edificaciones para motores y naves de esta actividad, con una superficie máxima edificada de 200 m². Las naves objeto del conflicto ocupan 3.000 m² cada una. 

El demandante no entra en este debate, sino que simplemente acata su derecho a que, cuando un edificio se declara en ruinas, el propietario tiene la opción de demoler pero también de rehabilitar. Algo que el juez desestima por precisamente no poder restaurar una edificación fuera de ordenación urbana. Por lo tanto, solo cabe su derribo.

El ayuntamiento ya ordenado la ejecución subsidiaria de la sentencia y confía en que el propietario acate cuanto antes el derribo, para poder acabar con el este problema que se alarga una década. La propiedad seguirá siendo privada y el ayuntamiento desconoce por ahora si el dueño pretende darle un uso acorde a la normativa urbanística y del Parc Natural de l’Albufera.