El juzgado ha vuelto a dar la razón a los vecinos del barrio Virgen de los Desamparados de Tavernes Blanques que denunciaron al consistorio por haber cerrado el pozo privado del que se abastecían de agua, obligándoles a engancharse a la red municipal.

Una nueva sentencia emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el pasado 4 de marzo desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Tavernes Blanques contra la sentencia del 9 de diciembre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Nueve de Valencia , que ya ordenaba que la suspensión del cierre. Contra esta nueva sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días que el gobierno local está estudiando presentar. En este caso, a diferencia dela anterior sentencia, el juzgado no impone costas a ninguna de las partes.

Pese a tener dos sentencias a favor, la realidad es que las 45 viviendas del Barrio Virgen de los Desamparados llevan sin poder usar el agua del pozo desde que decretara su cierre el consistorio en el verano de 2018, obligando a los vecinos a engancharse a la red de aguas potables. En esta última sentencia de rechazo de la apelación, el juez se limita a dar por buenas las conclusiones emitidas por el anterior juzgado en la resolución del contencioso presentado por los vecinos el 31 de julio de 2019, que estimaba la anulación la resolución municipal recurrida, por ser contraria a derecho, y condenó al Ayuntamiento de Tavernes Blanques a eliminar las medidas adoptadas sobre el pozo.

Entonces, al igual que ahora, el juez razonaba que el acto administrativo impugnado carecía de motivación, “por cuanto no explicitaba los motivos por los que el Ayuntamiento acordaba la clausura del pozo, dedicando prácticamente dicha resolución a combatir las alegaciones formuladas por los interesados, no citando la misma ni un solo precepto legal o reglamentario en el que se fundara, ni existiendo tampoco en el expediente ningún informe técnico ni jurídico”, señala la sentencia a la que ha accedido Levante-EMV

Del mismo modo, el juez vuelve a reiterar la falta de competencia en el dicha instalación del ayuntamiento, que en todo caso sería de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Si compete al consistorio lo relacionado a la condición de salubridad del agua consumida por los vecinos. Sin embargo, la sentencia afirma que el ayuntamiento “no había acreditado el carácter insalubre del pozo” con ningún informe adjuntado al respecto.

El letrado tampoco entra dentro de la discusión sobre la ordenanza municipal que exigía, para poder utilizar pozos, que existiera una determinada distancia de los edificios a la red municipal. Hay que recordar la ubicación especial de este pozo. La peculiaridad radica en que el aljibe se encuentra situado debajo de una clase de la Escoleta Municipal, y la caseta del grupo donde se encuentra el clorado está situada en el patio de la guardería. Los vecinos también denunciaron las trabas que el ayuntamiento imponía para acceder a controlar el cloro tres veces por semana.

La caseta de control de agua del pozo se encuentra dentro del patio de la escoleta Municipal de Tavernes. P.O.

Los vecinos, que usan el pozo desde 1954, y que siempre han defendido que cuentan con dos informes favorables de la Conselleria de Sanidad que avala la calidad de las aguas para consumo humano, excepto para embarazadas y niños, al no dejarles implantar la estación de osmosis, y que llevan gastados más de 13.000 euros en el proceso judicial y el consumo de agua más los 2.000 euros por engancharse a la red municipal, exigen al consistorio que cumpla con la sentencia y les abra el pozo.

“Unos 90 vecinos hemos visto atropellados nuestros derechos obligándonos a engancharnos a la red municipal sin que exista interés público alguno y en contra de un aprovechamiento de agua privada, que cuenta con las autorizaciones de Sanidad”

“Se trata de un uso torticero del poder por parte del ayuntamiento frente a un grupo de vecinos humilde y de clase trabajadora, creando problemas donde nunca han existido. De hecho, el punto de suministro de agua, data de los años 50 y fue construido por el propio Ayuntamiento de Tavernes Blanques, promotor de las viviendas sociales”, señalan los vecinos.

Unos 90 vecinos hemos visto atropellados nuestros derechos imponiendo un corte de agua y conexión, a costa del erario público, obligándonos a engancharnos a la red municipal sin que exista interés público alguno y en contra de un aprovechamiento de agua privada, que cuenta con las autorizaciones de la Conselleria de Sanidad”, concluyen.

El ayuntamiento se reunirá para estudiar "alternativas"


Fuentes del Ayuntamiento de Tavernes han asegurado a Levante-EMV que se reunirán en los próximos días con el equipo técnico que lleva el caso para analizar el alcance de la sentencia y "ver las diferentes alternativas". "Desde la institución volvemos a reiterar la necesidad de que llegue agua potable y limpia a todos los domicilios de nuestro municipio tal y como viene haciendo la corporación municipal desde hace décadas con ese criterio", señalan. Además, desde el gobierno local dirigido por la socialista Mari Carmen Marco recuerdan que el acceso a agua limpia y saneamiento es el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. "La seguridad de las vecinas y los vecinos es una prioridad", concluyen.