“El Ayuntamiento de Burjassot ha cerrado las instalaciones de esta Estación de Servicio (gasolinera) en cumplimiento de la sentencia n.º 187/2015 de fecha 02-06-2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Valencia, confirmada por el Tribunal Supremo, al ser este espacio propiedad municipal”. Este es el contenido del cartel que, colocado este miércoles, en diversos puntos de la ya precintada gasolinera E. S. Burjassot –situada en uno de los accesos del pueblo, bajo bloques de viviendas y a escasos metros del Castillo, Dehesa y Colegio Mayor de San Juan de Ribera, catalogados como Bien de Interés Cultural–, pudieron leer los vecinos residentes en el núcleo histórico –el Pouet– o los que se acercaron.
A pesar de que la gasolinera llevaba 62 años ofreciendo sus servicios, no hubo mayor sorpresa al encontrarla clausurada. “Por el peligro que entraña tenerla bajo casa, se veía venir” y “son décadas de reivindicaciones vecinales por sacar del casco urbano una gasolinera”, fueron algunos de los comentarios. Por otra parte, cabría recordar que el Tribunal Superior de Justicia ya sentenció en junio de 2015 –hace siete años– que “el 24 de noviembre de 2010 se extinguía el plazo de la “concesión administrativa para el uso privativo de suelo y subsuelo” que la estación de servicio, construida en 1960, ocupa desde entonces “en la vía pública”. Poco después de cumplirse el plazo de la concesión, el ayuntamiento –siendo alcalde José Luis Andrés Chavarrías–, en junta de gobierno local celebrada el 29 de noviembre de 2010, instaba al propietario de la gasolinera a “la reposición de los terrenos a su estado anterior”. Pero la estación de servicio no dejó de funcionar en el mismo sitio.
Un lustro después –a principios de febrero de 2015–, presidiendo la corporación municipal Rafa García, el consistorio puso en marcha la campaña “Alcalde a Domicilio” –los vecinos invitaban al alcalde a merendar y conversar– con el objetivo de “acercar el gobierno a la ciudadanía y trabajar entre todos por la mejora del pueblo”. En el estreno de la campaña, el alcalde visitó una vivienda de la calle Zamora, confluente a la plaza de San Juan de Ribera, donde se halla la estación de servicio. Uno de los presentes le preguntó: “¿Qué le parece tener una gasolinera bajo casa y largas colas de vehículos?”.
Al mes siguiente –marzo– lo invitó el propietario de la estación de servicio. La reunión tuvo lugar en un piso justo arriba de la gasolinera. Al alcalde lo acompañaron los entonces concejales de Urbanismo y de Policía, José Ruiz y Manuel Pérez Menero, respectivamente, y el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal, Francisco Ávila. El encuentro, al que asistieron vecinos del núcleo histórico, también contó con la presencia de los dueños de un chalet de Burjassot en suelo dotacional calificado como zona verde en la avenida Pi y Margall.
Todos los presentes coincidieron en reconocer el riesgo que supone vivir junto a una estación de servicio. El titular de la gasolinera expresó su voluntad de trasladarla siempre que la nueva ubicación “se encuentre en el término municipal” y su instalación comporte “no reducir el suministro de carburante”. El empresario propuso un punto de la carretera Llíria situado entre el barrio de las 613 Viviendas y la avenida Pi y Margall. Este terreno figura en la Unidad de Ejecución número 1 del PGOU como suelo urbano. Según el gasolinero, en esta zona el PGOU “permite el uso terciario” y, por tanto, “es posible la instalación de una estación de servicio al tratarse del traslado de una actividad ya establecida situada en el casco urbano”.
Para llevar a cabo su iniciativa, el propietario de E. S. Burjassot mostró su disposición a “ceder de forma gratuita al ayuntamiento” para zona verde la parcela de suelo dotacional del chalet de la avenida de Pi y Margall, de cuya compra, por valor de un millón de euros, ya había adelantado el 50% a sus dueños. Además, con independencia del resultado del contencioso-administrativo que mantenían la gasolinera y el consistorio por la concesión del negocio, el empresario también asumiría “los costes de demolición de la actual estación de servicio” para su traslado.
En su intervención, el alcalde Rafa García se mostró rotundo: “Creo que todos estamos de acuerdo en este asunto, la gasolinera no debería estar en su actual emplazamiento”. Sin embargo, el ayuntamiento no firmará ningún convenio con la gasolinera para su reubicación, ya que “la Generalitat no ha dado todavía la aprobación definitiva al PGOU” –que en aquel momento ya había aprobado el pleno municipal– ni “el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia ha dictado una sentencia firme”. García manifestó que, “si la sentencia dice cerrar, el ayuntamiento cerrará” la gasolinera, “y si no, recurrirá”.
Además, en palabras del concejal de Urbanismo, José Ruiz, la actuación ofrecida por la gasolinera requeriría “una modificación puntual del PGOU que puede que el Consell no apruebe” y añadió que “la Unidad de Ejecución del PGOU compete a la administración autonómica, no al ayuntamiento”. Asimismo, basándose en un informe del servicio jurídico municipal, Ruiz señaló que “el ayuntamiento podría incurrir en un presunto delito de prevaricación” si acordase, en estos momentos, un convenio para el traslado de la gasolinera. Así las cosas, para desbloquear la situación, “sin estar en contra de la estación de servicio ni de terceros”, no quedaba más remedio que “esperar”. Poco después, el Juzgado falló a favor del ayuntamiento y el Tribunal Supremo, recientemente, confirmó la sentencia.
Consumado el cierre de la gasolinera, el alcalde, Rafa García, pudo manifestar que, “tras casi 12 años de litigios, es el día que el ayuntamiento recupera la plena propiedad de los terrenos en los que están instalados los surtidores de la gasolinera del Pozo. Tras doce años de intentos de dilatar el procedimiento, la sentencia se cumple y ya no se puede continuar vendiendo combustibles, y, en breve, se verán desmanteladas las instalaciones ubicadas en terreno municipal”. Rafa García señaló que, para su equipo de gobierno, “el cese de esta actividad ha sido un objetivo prioritario, ya que se garantiza la seguridad de los vecinos del entorno”. Aunque “la clausura de un negocio no es positiva para nadie”, en este caso el alcalde consideró que “la seguridad prima por encima de lo económico”.
