Anulan la sanción de empleo y sueldo que impuso Rocafort a seis maestras por la huelga en la escoleta

La escoleta municipal abrió sus puertas hace más de 15 años, aunque el conflicto laboral que causó la huelga se arrastraba desde 2012, cuando se realizó un proceso de selección de personal laboral fijo. Desde entonces, las docentes venían reclamando el complemento específico, una remuneración reflejada en la nómina en consonancia con la responsabilidad de cada empleado/a del ayuntamiento, además de ajustar el sistema de control de horario y contrataciones transparentes.

Por ello, en enero de 2020, pusieron en marcha los mecanismos para la convocatoria de una huelga en la que reivindicar mejoras laborales. La pandemia y obligado cierre de la escoleta obligó al comité de paros aplazar sus movilizaciones, que no llegarían hasta el nuevo curso, cuando la situación sanitaria permitió el regreso a las aulas. Pero las docentes sí dieron en enero y febrero los primeros pasos para la huelga y ahí surgió el conflicto que acabó en los juzgados.

El ayuntamiento, gobernado en esas fechas por el tripartito Cs, PP y Vox, con los naranja en la alcaldía y con el partido de Abascal al frente del departamento de Educación, requirió a finales de febrero que retiraran los carteles de anuncio de huelga (en teoría debía comenzar en abril) que habían colgado en los tablones de anuncios de sus respectivas aulas. El ejecutivo se apoyaba en la instrucción 1/2010 de la subsecretaría de Educación.

Meses después de aquello, y con las aulas cerradas y el curso suspendido por el confinamiento, el consistorio abrió en junio un expediente sancionador a seis de las diez maestras de la escoleta municipal. El ayuntamiento les notificó una sanción de carácter leve por falta de obediencia a sus superiores jerárquicos y utilización indebida de la documentación a la que habían tenido acceso por el desempeño de sus funciones, así como negligencia en el ejercicio de sus funciones. El castigo supuso la suspensión de empleo y sueldo durante siete días para la media docena de docentes. El gobierno justificaba la sanción en que las profesoras no habían retirado la información sobre la huelga de los tablones del aula, lugar que consideraba que no era el adecuado para ello, ya que ese espacio era para cuestiones relacionadas con los alumnos.

Cada una de ellas acudió a los tribunales al considerar injusta la sanción del ayuntamiento. Hace unas semanas, el juzgado de lo social número 10 de València daba la razón a una de las maestras, haciendo extensiva la sentencia a las otras cinco. El magistrado, tras la vista en la que acudieron a declarar, entre otros, el exconcejal de Educación, Sergio Herrero, de Vox, y la propia directora de la escoleta, considera que la Ley de Relaciones Laborales contempla que podrá darse publicidad a la huelga antes de su iniciación para que sea conocida por los usuarios, por lo que sentencia que sobre este caso que “no es que existan indicios de vulneración de derechos fundamentales, sino que los mismos han sido vulnerados directamente por la orden dada por la dirección del centro de retirar los carteles”.

El juez apunta que el ejercicio del derecho de información sobre la existencia de una convocatoria de huelga “puede y debe ser encauzado por la empresa poniendo a disposición de los trabajadores los medios para que la misma cumpla su finalidad reivindicativa facilitando los medios de difusión apropiados”. Y en la escoleta “los medios que ha facilitado la empresa no son suficientes para la difusión entre trabajadores y terceros”. Por tanto, el magistrado sentencia que resulta conforme a derecho la utilización de otros medios que cumplan la finalidad que persigue la huelga.

La sentencia, además de anular la sanción y que obliga a devolver a las seis empleadas una media de 200 euros a cada una, también incluye una indemnización de mil euros a cada maestra.