La Agencia Valenciana Antifraude ha recriminado al Ayuntamiento de Massamagrell que haya estado “pagando sin contrato ni cobertura legal” durante una década, más de un millón de euros por el servicio de transporte municipal de autobús. “Una situación irregular que era conocida por la corporación (…), que pone de manifiesto una falta de diligencia tanto de los cargos electos como del personal municipal”, reza la resolución del ente autonómico que dirige Joan Antoni Llinares.
La Agencia Antifraude (AVA) inició a principios de año una investigación sobre el estado contractual de la concesión del transporte urbano de Massamagrell, a raíz de una denuncia anónima presentada a finales de 2021. El contrato del autobús municipal del municipio de l’Horta Nord se adjudicó por procedimiento negociado y sin publicidad en octubre de 2008, bajo el gobierno del Partido Popular, con el objetivo de conectar el caso urbano con el barrio de la Magdalena. La vigencia del contrato sería de cuatro años, a razón de 103.424 euros (IVA incluido) por cada uno de los ejercicios. En febrero de 2012, una vez vencido el diciembre anterior, el consistorio acordó la prórroga del contrato durante otro año. Un ejercicio año más tarde, en 2013, el consistorio del PP declara la continuidad en la prestación del servicio en las mismas condiciones.
Adhesión a la Autoridad de Transporte Metropolitano
A finales de 2013, la corporación municipal adjudica el contrato menor para la redacción del nuevo proyecto de transporte de viajeros de Massamagrell, como paso previo a la licitación del contrato. Dicho plan se sacó a exposición pública en abril de 2016, (ya con el bipartito formado por PSOE y Compromís) y en julio el pleno daba luz verde definitiva al documento. Pero desde esa fecha no se ha realizado trámite alguno, más allá de la adhesión a la Autoridad de Transporte Metropolitano (en 2018), en cuyo expediente la secretaría municipal advierte que el servicio “se está prestando sin título jurídico desde 2013”. De hecho, en diciembre de 2018, un informe conjunto de secretaria-intervención-contratación informa de los contratos que se encontraban en “situación irregular” y que “debían licitarse”, entre ellos el del propio autobús.
Tras la recopilación de todo tipo de información y documentación, y las alegaciones presentadas por el consistorio, la Agencia Valenciana Antifraude pone de manifiesto en su resolución fechada en marzo, las “irregularidades” en la relación contractual, así como que “no ha existido conforme a la legislación vigente” entre el ayuntamiento y la empresa. Además, asegura que la prórroga concedida en 2012 “debe entenderse afectada por causa de nulidad de pleno derecho”, “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido”. Ahí, AVA remarca que “no es posible prorrogar un contrato ya extinguido” y apunta que tanto el contrato de 2008 como el expediente de prórroga posterior “están calificados como contratos de servicios y no de concesión de servicios”. En este sentido, la agencia indica que “no se produjo actividad administrativa documentada para licitar una nueva contratación hasta 2016, finalizando en diciembre de 2018”. Y resalta que “tampoco se realizó acto conducente de licitación entre 2018 hasta el inicio de la presente investigación”.
Advertencias del control interno
Por tanto, la Agencia Antifraude determina que el ayuntamiento ha estado “pagando sin contrato ni cobertura legal un total de 1.035.553 euros” durante diez años, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021, con cantidades que van desde los 58.617 euros del ejercicio 2016 a los 154.856 euros de 2021. A este respecto, AVA considera “acreditado” que esos diez años de abono “sin cobertura contractual” se ha realizado “con diversas advertencias y observaciones del órgano de control interno” pero “sin constar reparo en el ejercicio de la función interventora”.
La Agencia Antifraude considera que la “situación irregular era conocida por la corporación municipal y han existido amplios lapsos de tiempo sin actuaciones administrativas en orden a la licitación de la prestación, lo que pone de manifiesto una falta de diligencia de los cargos electos con responsabilidad de gestión como del personal municipal responsable del impulso de la tramitación de los expedientes relacionados con la prestación del servicio”.
La entidad de titularidad autonómica, a su vez, enumera una serie de recomendaciones al consistorio para su cumplimiento, como una revisión de oficio de la ejecución de la prestación del servicio de transporte público desde enero de 2012, y que se elabore un plan anual de contratación en el consistorio “para evitar situaciones como este caso”, con el “agravante de mantener la situación durante un periodo prolongado de tiempo”. Además, insta a seguir con el expediente iniciado en 2021 para formalizar un nuevo contrato de servicio público de transporte. A su vez, la agencia recomienda a Massamagrell, valorar “la existencia de posibles responsabilidades”, tanto de políticos como de personal municipal, por todo lo acontecido administrativamente durante diez años, así como la posibilidad de la apertura de expediente por ello.
El gobierno habilita crédito para impulsar el servicio
El alcalde Paco Gómez defendió durante el proceso de investigación abierto por la Agencia Antifraude, que su equipo de gobierno “ha venido trabajando intensamente para procurar implementar un servicio de transporte colectivo eficiente, suficiente y adecuado”, pero reconocía en un escrito remitido a AVA, que “se trata de una competencia que tiene numerosas aristas que tratar, de gran complejidad técnica, al confluir la legislación contractual, con la sectorial aplicable a la materia”. El mandatario socialista apelaba a diversas reuniones internas del ejecutivo local y a la inclusión del asunto en distintas sesiones de comisiones informativas. Por tanto, defiende que la alcaldía “no ha tenido una falta de diligencia en la tramitación del expediente”.
A su vez, desde el consistorio aseguran que se está tomando en consideración todas las recomendaciones formuladas por la Agencia Antifraude y estudiar llevarlas a cabo. De hecho, en los presupuestos aprobados este miércoles, los primeros desde 2019, se ha reservado una partida económica para la redacción de los pliegos del futuro contrato del autobús municipal de Massamagrell.
