El nuevo equipo de gobierno de Rocafort formado por PSOE y Ciudadanos, desestimó en el pleno municipal de este lunes, la propuesta de modificación puntual número 13 del PGOU impulsada por la Sociedad Civil Particular Parque Santa Bárbara. La motivación de la iniciativa vecinal se justificaba en cerrar al tráfico un vial de acceso a la urbanización por razones de seguridad y tráfico.
El ejecutivo basa su rechazo en dos informes, uno técnico y otro jurídico. En ambos, se argumenta como principal razón para desestimar la propuesta vecinal en que se trata de una petición idéntica a la realizada por la sociedad civil hace más de doce años, que en aquella ocasión sí fue validada por el consistorio pero que acabó siendo anulada por el Tribunal Supremo.
Los hechos a los que aluden técnicos urbanísticos y jurídicos se remontan a 2009, cuando el Ayuntamiento de Rocafort, liderado entonces por el popular Sebastián Bosch, aprobó la modificación puntual del PGOU N8, redactada un año antes por la propia la Sociedad Civil Parque Santa Bárbara, que permitía cerrar un vial a todos aquellos que no fueran residentes en la urbanización, convirtiendo el camino en una zona privada. Esa aprobación acabó en los juzgados, y si bien los vecinos se salieron con la suya en primera y segunda instancia, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo plenario que daba luz verde a la modificación.
En la sentencia, el alto tribunal acusaba al consistorio de Rocafort de modificar el PGOU «a la satisfacción de un fin puramente privado, con condigno perjuicio de los fines públicos», y aseguraba que existía una “clara desviación de poder” porque el ayuntamiento «actuó con la finalidad de favorecer intereses particulares», y consideraba que había hechos que avalaban «el extravío» del consistorio «respecto del fin que debía presidir su actividad de modificación de planeamiento urbanístico».
El fallo fue muy contundente con la actuación municipal, al afirmar que la iniciativa de la modificación del PGOU “surge de los propios vecinos de la urbanización Santa Bárbara, por lo que la modificación se enderezaba al logro de un beneficio de quienes lo promovían, lo que nos lleva a determinar que es el Ayuntamiento de Rocafort, a la vista de que la propuesta que implicaba el cierre al tráfico de una vía pública, a quien incumbía el deber de velar para que su materialización, fruto del ejercicio del ius variandi que le incumbe, no desencadenase un efecto indeseable de favorecimiento injustificado de aquellos». De hecho, el juez advertía que «el cierre de la calle al trafico rodado no solo beneficia a un grupo o clase de vecinos, sino que perjudica correlativamente a otros, máxime cuando se trata de un elemento del viario que comunica la red municipal con la de los municipios limítrofes». Por ello, el TS consideraba que el fin de la modificación del PGOU era «favorecer a sus promotores, convirtiendo la calle cuyo tráfico se limita, en una calle privada, puesto que el tráfico rodado de vehículos de cuatro ruedas se reserva para los vecinos de la urbanización (Santa Bárbara), con exclusión de los demás vecinos potenciales usuarios”. Por tanto, la sentencia atribuía una «desviación de poder clara y patente» por parte del anterior gobierno del PP al reubicar en esta modificación del PGOU «las zonas verdes sin un criterio de interés público».
Los informes técnicos actuales
Y para no tropezar dos veces con la misma piedra, el informe de la arquitecta municipal, con fecha marzo de 2022, sostiene que la nueva propuesta de ordenación planteada por los vecinos, iniciada en diciembre de 2018, “presenta la misma solución técnica” que ya fue anulada por el Tribunal Supremo, y que la nueva ordenación propuesta “altera el régimen viario”, según quedó patenten en ese mismo fallo del alto tribunal. Así mismo, la arquitecta señala en su escrito que de la iniciativa planteada ahora “no se desprende nueva y distinta justificación basada en sólidas y acreditadas razones de orden urbanístico ni el interés público que justifique el incumplimiento del mandato de la sentencia respecto a la conexión de los viarios con la red municipal”. Por su parte, el experto jurídico informa “desfavorablemente” a la modificación.
Con todo ello, el gobierno llevó al pleno extraordinario de anoche, una propuesta de acuerdo para la desestimación de la modificación puntual impulsada por los vecinos de Santa Bárbara, con el argumento de que “las dos modificaciones tienen el mismo objeto” y, “habiendo sido anulada la primera en sentencia firma el Tribunal Supremo, ante la existencia de desviación de poder por beneficiar intereses particulares, nos encontramos ante una cosa juzgada, frente a la que el ayuntamiento no puede pronunciarse”.
PSOE y Ciudadanos recibieron los votos apoyo de Vox y Unidas Podemos, mientras que el PP votó en contra de la desestimación de la modificación, argumentando “no es comparable la modificación 8 con la mod 13. Las causas en las que el tribunal supremo se basó para anularla no resultan aplicables a la modificación actual". Es más, el portavoz popular Gorka Gómez anunció que su partido estudiará ir al juzgado. La respuesta, o pregunta más bien, de la concejala de Urbanismo, Alicia Esteve, fue clara: "Estos informes técnicos se realizaron bajo su mandato. Si no se hubiera consumado la moción de censura, ¿Qué hubieran hecho ustedes con este tema? ¿Ir en contra de los informes técnicos?" El portavoz de Unidas Podemos, Miguel de la Cruz, por su parte, también reprochó al edil popular si daba más valor a un informe de la Policía Local que a una sentencia del Supremo.
